La consejera de Hacienda del Ejecutivo local, Kissy Chandiramani, propondrá el próximo lunes dar continuidad durante el año próximo a las modificaciones implementadas este 2020 en diversas Ordenanzas fiscales reguladoras de distintas tasas para, mediante la incorporación a su texto de sendas disposiciones transitorias, seguir ayudando a los sectores económicos de Ceuta “especialmente damnificados por la actual situación” de pandemia y restricciones de la movilidad y la actividad social.
Así, desde el 1 de enero y hasta finales de 2021 gozarán de una bonificación del 20% de la cuota tributaria en las tasas de abastecimiento de agua, alcantarillado, saneamiento y residuos sólidos urbanos (el ‘recibo único’ de Acemsa) aquellos obligados titulares de una actividad empresarial o profesional sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.
Esta medida supondrá para las arcas municipales dejar de recaudar 346.000 euros, según estima Servicios Tributarios a tenor de los ingresos realmente obtenidos en 2019.
La consejera ha querido ir más allá con otras tasas, concretamente con las de instalación de quioscos y ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tablados y similares con finalidad lucrativa. En ambos casos, los sujetos pasivos gozarán de una bonificación del 100% de la cuota tributaria en 2021 y no del 50%, como se había aprobado para el ejercicio en curso.
La Ciudad no ingresará alrededor de 68.000 euros
La propuesta de Chandiramani incluye que la consejera disponga de autorización expresa para que “mediante resolución motivada” disponga la aplicación de estas disposiciones transitorias “más allá” del periodo inicialmente establecido para mantener su vigencia.
En cuanto al IPSI, la miembro del Gobierno de Ceuta quiere aplicar un tipo mínimo del 0,5% tanto a las mascarillas quirúrgicas desechables como a los bienes muebles corporales que, por su clasificación en la nomenclatura combinada aduanera, estuviesen siendo gravados a porcentajes superiores pese a ir destinados a “entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social”.
El objetivo perseguido es “aproximar la regulación de los tipos de gravamen vigentes en sede de producción, elaboración e importación de bienes muebles corporales a las modificaciones introducidas en los tipos de gravamen vigentes de IVA”.
En este último caso la eficacia de la entrada en vigor de la rebaja impositiva se fecha en el 14 de marzo, cuando se publicó el primer decreto de estado de alarma para la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Con respecto a las mascarillas, será de aplicación “el día siguiente de su entrada en vigor”.
Ponderar la capacidad del contribuyente y amortiguar la doble crisis
Las modificaciones fiscales auspiciadas por el Gobierno se basa en un doble pilar. Por un lado, en el articulado de la Ley de Haciendas Locales, que establece que “para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”.
En el contexto de la ciudad autónoma, sometida a la doble crisis causada por el cierre de la frontera, primero, y la pandemia del coronavirus, después, para la Consejería y Servicios Tributarios las medidas extraordinarias adoptadas durante el primer estado de alarma y a la vuelta del verano “deben tener su correspondencia en el ámbito económico y concretamente en el ámbito fiscal mediante la aprobación de las modificaciones necesarias de la normativa de aplicación a nuestro ámbito geográfico”.
En esa línea, las bonificaciones fiscales en las tasas por prestaciones de servicios, ocupación y aprovechamiento de la vía pública con especial incidencia en el sector económico local en las que ahora se quiere profundizar o mantener en el tiempo se adoptaron “con la finalidad de amortiguar las graves consecuencias económicas que para el tejido económico empresarial y profesional local” en paralelo a las medidas implementadas por el Estado y a otras herramientas de la Ciudad como el ‘Ceuta Resiste’.
