La consejera de Hacienda en funciones del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha llegado este jueves al Palacio de Justicia para declarar en calidad de investigada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 por la denuncia que Susana Román ha presentado contra ella por presuntos delitos de falsedad en documento público y estafa en sus aportaciones testificales y documentales al 'caso Emvicesa'.
El magistrado que se ha declarado competente para instruir la causa rechazó la petición de los abogados de la exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda para posponer su citación, la primera diligencia ordenada por el juez tras admitir a trámite la denuncia al apreciar que el asunto “presenta características que hacen presumir la posible existencia” de algún ilícito.
Chandiramani se ha presentado en los Juzgados minutos antes de las 11.15 horas, a la hora para la que estaba fijada su citación, acompañada por su abogada, pero ha evitado hacer ningún tipo de declaración ante los medios de comunicación.
No ha contestado a las preguntas formuladas por el abogado de la denunciante, Susana Román. En su declaración ha indicado que si hubiera algo mal sería por un error.
La consejera siempre ha dicho que se limitó a “aportar toda la documentación que se requirió por parte de la autoridad judicial” y que su colaboración fue, “como no podía ser de otra manera, absolutamente leal teniendo en cuenta, además, que los hechos que se encausan se produjeron antes de que fuese nombrada gerente de Emvicesa”.
Román cree que, voluntariamente o no, las aportaciones de Chandiramani a la instrucción del 'caso Emvicesa' influyeron de forma determinante en su evolución, que llegará a juicio oral en octubre con más de 50 procesados para los que la Fiscalía pide un total de más de 250 años de prisión. De acuerdo con su denuncia trasladó “datos y documentos”, así como declaraciones, que incurrirían en “evidencias de falsedad de vital importancia”.
Entre otras cosas la exconsejera considera que se identificó de forma “mendaz” a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda (CLV) entre 2011 y 2015, que se atribuyó a dicho órgano una potestad “exclusiva” de adjudicación que no tenía, que se tildó de “imprescindible” hacer una baremación de solicitudes pese a que existían alternativas reguladas y que se obvió la existencia acreditada de compromisos heredados de promociones anteriores.
Desde el punto de vista de la representación letrada de Chandiramani, si en algún documento aportado al Juzgado hace siete años se coló algún defecto no sería más que un error material.
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