CGT lamenta las anunciadas actuaciones "temerarias" de la Delegación del Gobierno respecto a las condiciones laborales de las contrataciones del Plan de Empleo 2021/2022 en Ceuta.
El "desacato" de las decisiones judiciales, el "incumplimiento" de la legalidad vigente y la "obsesión" por "atentar" contra el artículo 14 de la constitución fomentando la "discriminación desfavorable" entre personas que realizan idénticas funciones en puestos de la Administración, volverán a tener "censura jurídica" por parte de CGT y la solicitud de que se asuman "responsabilidades políticas".
Este sindicato ha expresado su "desagradable sorpresa" por el anuncio de la administración de "incumplir los compromisos que se adquirieron" en la pasada reunión del 16 de noviembre entre la delegada del Gobierno y responsables de CGT Ceuta, y Miguel Montenegro como responsable de CGT Territorial, "circunstancia que solo puede llevarnos a la conclusión de que los responsables políticos se consideran estar por encima de sentencias judiciales, de los derechos laborales y de la propia constitución con absoluta y total impunidad".
Para CGT será un "desafío y una afrenta" de la Delegación del Gobierno en Ceuta si finalmente se confirma que con los 722 contratos a firmar los próximos días 22 y 23 de diciembre por trabajadores ceutíes en desempleo, "no se respete el IV convenio Colectivo único del personal laboral de la Administración AGE y no se incrementa la partida de 11,9 millones de euros inicialmente prevista". En tal caso, se reserva cuantas acciones legales estén en su mano contra lo que consideran una actitud de "soberbia, de prepotencia y chulería al mostrar un absoluto desprecio a las normas legales en vigor, una actuación temeraria contra las sentencias judiciales y un incumplimiento tácito premeditado del texto constitucional que rige la convivencia y es garante de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos españoles que la Administración debiera ser ejemplo pulcro de cumplimiento".
CGT se pone a disposición de las 722 personas que pueden verse "discriminadas social y salarialmente" en sus puestos de trabajo para reclamar sus derechos individuales, que complementarán las "acciones colectivas" que este sindicato asegura que se pondrán en marcha si finalmente se consolida el "nuevo atropello anunciado".
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