CGT sigue en ‘pie de guerra’ con la
Delegación del Gobierno por los contratados en los
Planes de Empleo entre 2018 y 2022. Este jueves ha convocado una
asamblea para atender a todos los perjudicados por cobrar salarios inferiores a los que según la Justicia deberían haber percibido y las consiguientes
infracotizaciones. El sindicato calcula que son unas 3.500 personas para empezar a presentar denuncias individuales. El secretario general de Organización Territorial, Juan Antonio Guerrero, ha señalado que han llegado a Ceuta para denunciar “una injusticia social” y “ayudar a miles de afectados”. “Es una injusticia social que ha cometido la Delegación del Gobierno, concretamente del Gobierno que se llama así mismo como el más progresista de la historia”, ha censurado.
El Tribunal Supremo da la razón a CGT
El secretario general del sindicato en Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, ha querido hacer hincapié en que llegan a Ceuta para contarle a los trabajadores el resultado de un trabajo que ya empezó “hace tres años” y que finalmente el Tribunal Supremo “nos han ido dando la razón”. “Se van abrir unas posibilidades para aquellas personas que quieran reclamar esos daños que la Delegación del Gobierno les infringió aplicándole un convenio que no le correspondía haciéndole unos daños terribles”, ha indicado. El jefe de la asesoría jurídica de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Ocaña, ha detallado en el proceso que se encuentran ahora las denuncias, las cuales habían advertido que “vulneraba los derechos fundamentales a la igualdad que está protegido en la Constitución”.
“Habíamos advertido que en los Planes de Empleo se contrataba con un régimen jurídico diferente al que correspondía. Se cotizaba menos por ello, algo que les va a perjudicar en un futuro en cualquier tipo de prestación que soliciten, y además se les estaba pagando salarios inferiores a los que efectivamente le correspondía por lo que había un detrimento económico en la realización del trabajo”, ha señalado. Asimismo, Ocaña entiende que de esta forma se producía “una vulneración del derecho fundamental” por lo que daría lugar a una indemnización de daños y perjuicios. “Iniciamos esto hace tres años y ahora lo que ha hecho el Tribunal Supremo es confirmar la tesis que nosotros decíamos. Esto abre la puerta”, ha afirmado, “a todos los trabajadores que han podido resultar afectado por esta situación”. El asesor jurídico de CGT ha señalado que no puede cuantificar “un importe fijo” ya que cada trabajar corresponde a una categoría profesional diferente: “En cualquier caso estamos hablando que la reclamación media pueda importar varios miles de euros en función de cada trabajador y el tiempo contratado”. Ocaña ha reconocido que al contar con una
sentencia del
Supremo, le facilitará las siguientes denuncias. “Indudablemente, no solo por las sentencia del Tribunal Supremo, sino también porque hay una jurisprudencia constitucional que abala esto que venimos defendiendo, ya que estas sentencias no solo se han producido en Ceuta, sino también en otros ayuntamientos como Algeciras, Cádiz, Puerto Real y Jerez de la Frontera”.
La Delegación alegará "preinscripción" en los contratos
El asesor jurídico ha reconocido que la Delegación del Gobierno se intentará defender alegando “preinscripciones” en los contratos de esos trabajadores. “Nosotros entendemos que no y por un motivo: es que estamos hablando de derecho fundamentales. Una de las características esenciales es que son imprescriptibles, es decir, que no se puede operar en la prescripción de los derechos fundamentales. Ese debate está encima de la mesa, ya que sabemos que la administración se va a querer defender con argumentos de forma para no entrar en el fondo”, ha explicado. “En todo caso, a día de hoy, las administraciones no han cesado el comportamiento a pesar de las abundantes sentencias, ni han pedido disculpas, ni han reparado el daño, cosa que en Justicia se debe hacer”, ha finalizado.