La CGT ha anunciado que este lunes denunciará ante Fiscalía a la Delegación del Gobierno en Ceuta. Una vez presentada la denuncia en Fiscalía, la asesoría jurídica de CGT va a proceder a iniciar por la vía social las actuaciones judiciales que se consideren más ventajosas para las personas contratadas en los Planes de Empleo 2021/22 "que no se aproximan en nada a los mínimos legales vigentes pese a tratarse de contratos realizados por la Administración Pública, que debieran ser claro ejemplo de cumplimiento de la legalidad y de los principios constitucionales".
"Salvadora Mateos no debiera seguir ni un minuto más al frente de la Delegación del Gobierno en Ceuta, confiamos en que la Fiscalía actúe contundentemente", ha confiado este sindicato.
El "atropello consumado" contra el derecho a la igualdad, contra las sentencias judiciales y contra la Constitución Española llegará a manos de la Fiscalía, explica CGT, que como garante de los derechos fundamentales están convencidos de que admitirá a trámite la denuncia y dará el curso legal correspondiente para que queden censuradas también por esta vía los "desmanes ilícitos" de la Delegación del Gobierno en Ceuta.
Desde CGT insisten en que la delegada del Gobierno, "que se dice más progresista de la historia", debe ser cesada fulminantemente, "no solo por las múltiples condenas judiciales que obran en su contra, sino también por perpetuarse en la insumisión al cumplimiento de las mismas y por la reiteración en violar los derechos fundamentales como firmante de 722 contratos del plan de empleo 21/22, que incurren en graves incumplimientos del ordenamiento constitucional, de la legalidad laboral vigente y que conlleva directamente al desacato de multitud de sentencias del juzgado de lo social de Ceuta y del TSJA que han condenado a la Subdelegación del Gobierno por los planes de empleo 19/20".
La actuación "temeraria" de Salvadora Mateos no puede seguir "quedando impune", sostiene CGT, ante la "mala fe demostrada" hacia los trabajadores/as del plan de empleo 2021/2022 conforme a la doctrina del Tribunal Supremo 15/12/97 al "resistirse a aceptar una pretensión legitima ya juzgada" que decreta además la vulneración del derecho fundamental a la Igualdad y no discriminación recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.
A mayor abundamiento, desde CGT quieren resaltar las "nefastas" condiciones laborales a las que están siendo sometidas las personas contratadas en este plan de empleo "tanto en materia de prevención de riesgos al vetárseles la dotación de mascarillas frente al COVID como en materia de prestaciones sociales y laborales al castigarse económicamente a quienes como consecuencia de la pandemia están cayendo en situación de Baja Médica (IT) y no perciben las retribuciones correspondientes, discriminándolas directamente también en situación de enfermedad pandémica mientras al resto de la clase trabajadora se le considera como accidente de trabajo y se le retribuye como tal".
Los contratos suscritos por las y los trabajadores contratados al amparo de los planes de empleo 2021/22 contienen múltiples condiciones que desde CGT consideran que no se ajustan a derecho y en consecuencia anuncia que llegarán nuevamente al Juzgado de lo Social, en concreto:
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