La
Confederación General de Trabajadores (CGT) ha convocado para este jueves, 28 de octubre, a las 11.00 horas a las puertas del Palacio de la Asamblea una
huelga general en todo el sector público de Ceuta, Melilla y Andalucía "contra el proyecto de Ley que se tramita en las Cortes españolas por las que se va a acometer el mayor ERE de la historia de España", lo que ha llamado "el 'Icetazo". Ante la "presumible" aprobación en el Congreso de los Diputados del ERE "más importante de la historia de España afectando a 800.000 españoles y a en torno a 200.000 en nuestra territorial", CGT ha convocado esta huelga para el día de mañana exigiendo que "quienes están se queden". "Exigimos que quienes están se queden", justifica el
sindicato en un comunicado de hace unas semanas. Y es que, según su opinión, el Gobierno de coalición se comprometió con sus socios a introducir dos importantes novedades en el texto impulsado por Miquel Iceta cuando todavía era ministro de Política Territorial. "Ante la previsible actuación de la mayoría de los partidos políticos refrendando el Icetazo, pacto del ministro Iceta con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, no podemos permanecer inmóviles y asumir un ERE encubierto en las administraciones públicas hacia quienes no son responsables de haber estado contratados fraudulentamente, en interinidad o en abuso de temporalidad incumpliéndose la legalidad. El atropello que se avecina sobre personas con una experiencia que en muchos casos llega a más de veinte años no es más que un nuevo ataque a los servicios públicos y una vía para seguir privatizando departamentos públicos en las distintas administraciones con la consiguiente precarización del empleo", ha explicado Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, en nota de prensa. Entre las peticiones que lanzan desde el sindicato la primera de ellas es que los
interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años "ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada" puedan acceder a dicho puesto "sin necesidad de pasar previamente por una oposición, sino que únicamente se llevará a cabo para ellos una valoración de méritos". Otra de las reclamaciones es que las comunidades autónomas puedan decidir que la oposición "no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino". "Los interinos que tengan que abandonar su puesto por no haber sacado una plaza en caso de que se convoquen oposiciones tendrán derecho a una compensación económica. Esa indemnización será equivalente a 20 días de retribuciones fijas por año de servicio, una cantidad que será prorrateada por meses en los periodos de tiempo inferiores a un año", concluían.