La CGT ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra la Delegación del Gobierno ante el Juzgado de lo Social de Ceuta. Con ella, el sindicato exige el "respeto" a los salarios y condiciones laborales establecidas en el IV Convenio del personal laboral de la Administración General del Estado a las 722 personas que forman parte del Plan de Empleo 2021-2022 tras los "abusos que se siguen perpetrando" contra todas ellas derivados de unos contratos "fraudulentos y contrarios a la legalidad".
El conflicto colectivo que ha interpuesto CGT se apoya en el "rosario" de sentencias condenatorias a la Delegación del Gobierno por Planes de Empleo de años anteriores en las que tanto el juzgado de lo Social de Ceuta como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han condenado "reiteradamente" a este organismo por "violar" el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de las personas contratadas en los Planes de Empleo.
La demanda de conflicto colectivo, recuerda CGT, se suma a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Ceuta contra Salvadora Mateos por este asunto, "que fue admitida a trámite y se encuentra pendiente de informe del fiscal tras haber tomado declaración" al secretario general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, como denunciante, a los pocos días de su interposición.
Desde CGT insisten en que la delegada del Gobierno, "que se dice más progresista de la historia", espetan, "debe ser cesada fulminantemente, no solo por las múltiples condenas judiciales que obran en su contra, sino también por perpetuarse en la insumisión al cumplimiento de las mismas y por la reiteración en violar los derechos fundamentales como firmante de 722 contratos del Plan de Empleo 2021-2022, que incurren en graves incumplimientos del ordenamiento constitucional, de la legalidad laboral vigente y que conlleva directamente al desacato de multitud de sentencias del juzgado de lo social de Ceuta y del TSJA que han condenado a la Subdelegación del Gobierno por los Planes de Empleo 2019-2020".
La actuación que CGT califica de "temeraria" de Salvadora Mateos no puede seguir quedando "impune" ante la "mala fe" demostrada hacia los trabajadores del Plan de Empleo 2021-2022 conforme a la doctrina del Tribunal Supremo 15/12/97 al "resistirse a aceptar una pretensión legitima ya juzgada que decreta además la vulneración del derecho fundamental a la Igualdad y no discriminación recogido en el art. 14 de la Constitución Española".
A mayor abundamiento, continúa CGT quieren resaltar las "nefastas" condiciones laborales a las que están siendo "sometidas" las personas contratadas en este Plan de Empleo tanto en materia de prevención de riesgos como en materia de prestaciones sociales y laborales al "castigarse económicamente" a quienes, como consecuencia de la pandemia, están cayendo en situación de Baja Médica (IT) y "no perciben" las retribuciones correspondientes, "discriminándolas directamente también en situación de enfermedad pandémica mientras al resto de la clase trabajadora se le considera como accidente de trabajo y se le retribuye como tal".
Los contratos suscritos por las y los trabajadores contratados al amparo de los Planes de Empleo 2021-2022 contienen "múltiples condiciones" que desde CGT consideran "que no se ajustan a derecho" y en consecuencia, por eso, llegan nuevamente al Juzgado de lo Social vía conflicto colectivo, en concreto:
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