Las
Brigadas Verdes se acercan otra vez a un cruce de caminos definitivo para su futuro. El Gobierno de Ceuta y el PSOE están decididos a acabar con la fórmula de sostenimiento a través de la FPAV, que hasta ahora recibía 3,5 millones de euros al año para pagar los sueldos de sus alrededor de 130 trabajadores a veces con más que difícil justificación del dinero. La plantilla debe decidir ya entre aceptar su paso a
Tragsa (lo que elevará hasta 4,7 el coste del programa para la administración) o perseverar en la exigencia de ser integrada en alguna sociedad municipal, apuesta de incierto futuro. Esa última es la opción por la que aboga
CGT, que este miércoles se ha posicionado públicamente en contra de que firmen la aceptación de su trasvase a la empresa pública estatal que también tiene en su accionariado a la Ciudad. “Quienes forman parte de las Brigadas Verdes son víctimas de sucesivos engaños políticos sobre su estabilidad laboral y su futuro profesional, que no puede ni debe estar alejado del entramado empresarial del Ayuntamiento de Ceuta”, ha señalado el sindicato en un comunicado en el que ha alertado de que “la única intención del equipo de gobierno y el PSOE es deshacerse de un grupo de personas que llevan muchos años aportando su esfuerzo personal y trabajo en beneficio de Ceuta y la ciudadanía ceutí”. El Ejecutivo local ve inviable por razones técnicas y jurídicas integrar a las Brigadas Verdes en su sector público periférico, pero a CGT le parecen razones “absurdas” para negar su entrada”en cualquier empresa municipal, algunas de las cuales como Obimasa tienen dentro de su objeto social las funciones que realizan”. “Ante lo que parece un traje a medida sin contar con la plantilla de Brigadas Verdes”, CGT ha querido enviar “un mensaje de optimismo a los trabajadores para que hagan valer sus derechos y
no firmen voluntariamente su incorporación a Tragsa dado que desde la unidad y el empoderamiento del grupo humano que conforma la plantilla se puede forzar la integración en alguna de las empresas municipales, cambiando el paso a una clase política ceutí que a toda costa quiere eliminar lo que consideran un problema municipal, abandonando a su suerte a más de un centenar de vecinos y sus familias”. “Si no aceptan voluntariamente pasar a Tragsa existen posibilidades reales tanto sindicales como jurídicas para forzar su integración en el espectro municipal y poner fin a un culebrón de mal gusto para quienes trabajan actualmente para la ciudad a través de la FPAV en una relación rocambolesca: es la plantilla de Brigadas Verdes la que tiene la palabra y el futuro en sus manos”, ha resumido la central. Tragsa garantiza a los trabajadores en el marco del Convenio estatal de Jardinería el mantenimiento de sus condiciones laborales y salariales, aunque se niega a reconocer su antigüedad. En 2020 la plantilla de las Brigadas Verdes ya rechazó (por 94 votos a 11) su integración en ese medio propio alentada por la supuesta posibilidad de acceder a Obimace. Casi tres años después, vuelve a estar en la misma encrucijada.