Los ceutíes muertos que olvida el Gobierno de España

Se han cumplido cinco meses de la muerte de los ceutíes Mustafa Dris y Mohamed A.A. después de ser embestidos por una patrullera de Gibraltar. Desde entonces todavía no se sabe el resultado de las autopsias que fueron realizadas en el Peñón, ni el informe que se hizo de la lancha en la que viajaban los fallecidos junto a los dos supervivientes -otro ceutí, Nordine D.L., y un portugués, Bruno M.G.-. Tampoco se ha permitido la entrada de la Guardia Civil en la Roca para que lleve a cabo sus oportunas investigaciones, tal y como la familia de Dris solicitó previa denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción.

El Gobierno de España mira hacia otro lado. La única respuesta en torno a lo ocurrido el 8 de marzo en aguas españolas es la ofrecida a los diputados Agustín Rosety y Alberto Asarta, del Grupo Parlamentario Vox, en la que se indicó que se había formulado protesta enérgica por la “inaceptable actuación de la Policía gibraltareña” después de que una patrullera de la Policía abordara frente a la Atunara a los españoles, llevándolos después a su puerto mientras uno de los dos fallecidos todavía estaba con vida. A pesar de abrirse un procedimiento judicial en España, no se ha personado la Abogacía del Estado ni ha habido un interés en conocer la evolución de esta historia que deja demasiados interrogantes y dudas sin resolver.

La familia de Mustafa Dris reclama de la ministra de Asuntos Exteriores una implicación que no ha surtido efecto. Ni tan siquiera las autoridades gubernamentales de Ceuta han mostrado interés en esta historia.

Ni tan siquiera se tienen los informes oficiales con resultados de las autopsias

En el Juzgado de Instrucción número 4 de La Línea ya ha prestado declaración el superviviente ceutí, que se ratificó en la narración de cómo sucedieron los hechos de la que ya se hizo eco este periódico. Así, la embarcación que ocupaban fue embestida en aguas españolas, no les efectuaron llamadas previas con uso de altavoz y los gibraltareños les abordaron con las luces apagadas. Después los llevarían a su puerto. Los ceutíes no llevaban nada ilícito en su embarcación. Uno de los fallecidos llegaría incluso con vida a Gibraltar, pero sus familias ni siquiera disponen de los informes de las autopsias que allí se hicieron, antes de permitir el traslado de los cuerpos a Ceuta para su entierro en Sidi Embarek, ni de los vídeos sobre esa evacuación.

La familia de Mustafa Dris pidió que se remitiera una Orden Europea de Investigación a la autoridad competente del Reino Unido. La misma es clave porque permitiría acceder a una información que, de manera voluntaria, no se ha entregado al juzgado español. La Fiscalía debe responder para que España pueda cursarla, extremo que a pesar de ser solicitado aún no se ha cumplido. La última providencia en la que la magistrada insta a la Fiscalía a pronunciarse sobre esta orden es del pasado 29 de julio.

No se dispone ni siquiera de las identidades de los patrulleros que iban a bordo de la embarcación que embistió a los ceutíes, dotada con una quilla sobre la que también se reclamó un informe acerca de su empleo. La orden europea resulta determinante para el avance de las investigaciones en España, ya que Gibraltar debería responder y remitir todos los informes que se soliciten para depurar la investigación oportuna, al margen de la que se lleve a cabo en la propia Roca.

De los informes que haya podido hacer Gibraltar nada se sabe en España. El último anuncio oficial pasa por las investigaciones que, respecto a este suceso, llevará a cabo un juez del Tribunal Supremo del Reino Unido, para lo que se designarán policías específicos para esta investigación independiente que se produce, además, tras la jubilación -dos años antes- del comisario de la Policía en el momento de producirse los hechos, a cuyo cargo estaban los policías que ocupaban la patrullera que embistió a los españoles.