Por sorprendente que pueda parecer, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) del Gobierno de Pedro Sánchez, el mismo que ha prohibido los despidos durante el Estado de Alarma decretado por la pandemia de la COVID-19, ha prescindido a través de correos electrónicos durante la última semana de una veintena, si no más, de los docentes interinos que tenía trabajando en los centros educativos españoles de Marruecos.
Entre los cesados se cuentan al menos dos ceutíes destinados en otras tantas ciudades del país vecino. En los documentos remitidos por el Ministerio se atribuye la causa del cese a “renuncia / baja voluntaria” y se precisa que viene motivado “por abandono del puesto sin autorización de la Consejería”.
Este departamento de la Embajada de España en Marruecos remitió a los docentes “a mediados de marzo” una circular en la que restringía sus movimientos “del colegio a casa y viceversa”. A la vista de la evolución de los acontecimientos y del cierre casi total de las fronteras del país vecino desde el 13 de marzo, “muchos interinos y funcionarios decidimos o tuvimos que salir del país por razones de salud, para el cuidado de allegados mayores, etcétera”.
“La mayoría”, ha explicado uno de los ceutíes afectados por la decisión del Ministerio, que los sindicatos prevén recurrir, según adelantó ayer la secretaria general de FECCOO en Ceuta, Lorena Díaz, “pedimos permiso y ni siquiera se nos contestó a la solicitud de días tramitada”.
De acuerdo con el testimonio de este docente caballa, “otra razón para decidir salir fue que corríamos el riesgo de quedarnos irregularmente en Marruecos, donde los interinos que trabajamos para el Ministerio figuramos como turistas sin permiso de residencia, con el riesgo de cometer una ilegalidad a título personal”.
En su caso volvió a Ceuta requerido por su médico de cabecera y la autoridad sanitaria para reajustar el tratamiento de una dolencia previa. Cruzó el Tarajal el último día que fue posible hacerlo en dirección salida de Marruecos (inviable volver) “y seguí teletrabajando con mis 300 alumnos” hasta que, el pasado martes, recibió la notificación de cese del Ministerio. La Administración no atendió ayer ninguna de las peticiones de este periódico para conocer su versión sobre el número de despedidos, cómo piensa mantener el servicio educativo o si prevé reemplazar a los cesados, que denuncian haber sido víctimas de una decisión “sin previo aviso ni apertura de expediente con derecho a defensa”, como entienden los sindicatos que debería haberse dado en el peor de los casos.
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