Los ceutíes cobrarán 117 euros más de pensión mensual

“A partir de hoy los jubilados ceutíes empezarán a cobrar sus pensiones con un incremento retributivo medio de 116,96 euros”. Así lo ha afirmado Rafael García, el delegado del Gobierno quien ha recordado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está enviando en estos días una carta personal a cada pensionista, incluidos los de Ceuta, en la que se anuncia esta revalorización.

Desde el 1 de enero de 2023 las pensiones han aumentado un 8,5%, porcentaje que iguala el crecimiento medio de los precios en el año 2022. “El Gobierno de España cumple así con su promesa y garantiza de esa manera el poder adquisitivo de las pensiones.”

Durante el año pasado España ha vivido un aumento de la inflación vinculado a la guerra en Ucrania. Pero en cualquier caso la protección del poder adquisitivo de los pensionistas españoles "está garantizada por la Ley 21/2021 de manera que cada 1 de enero las pensiones subirán exactamente lo mismo que haya aumentado el

IPC medio durante el año anterior."

“El sistema de pensiones es uno de los principales activos de nuestro Estado del Bienestar motivo por el que el Gobierno va a continuar trabajando para reformarlo y modernizarlo,

concretando las recomendaciones del Pacto de Toledo que el Congreso aprobó hace casi dos años” ha afirmado Rafael García.

Esta reforma, que ya está en un estado muy avanzado, incluirá medidas importantes para que nuestro sistema de pensiones sea más sólido y equitativo.  El Gobierno está recibiendo propuestas, dentro del diálogo social, y está negociando con los agentes sociales. La propuesta inicial, que se ha de negociar con patronal y sindicatos, incluye extender

progresivamente el periodo de cómputo.El mantenimiento del poder adquisitivo, un derecho inquebrantable para los pensionistas.

Con esta subida, el aumento de la pensión media por jubilación en España es de 107 euros al mes o de 1.500 euros al año y se situará en 1.367 euros mensuales.

En Ceuta, la pensión media es algo superior a la nacional y alcanza los 1.492,95 euros mensuales, lo que supone un incremento de 116,96 euros cada mes. Esta revalorización se ha puesto en marcha con la máxima legitimidad social y política, tras las recomendaciones del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados y el gran acuerdo con los interlocutores sociales de 2021, que se firmó en el Palacio de la Moncloa.

No disponer de una fórmula cierta de revalorización dejaba la evolución de las pensiones en manos de la discrecionalidad del gobierno de turno. Con la medida aprobada, se ha dado un paso decisivo para que el poder adquisitivo de los pensionistas esté garantizado de forma permanente.  La fórmula establecida por este Gobierno da certidumbre a los actuales pensionistas y genera confianza en los pensionistas del futuro, a quienes se transmite que el sistema de pensiones es sostenible financiera y socialmente.

Con la fórmula anterior del 2013, la subida "era siempre de un exiguo 0,25%, que en este contexto hubiera supuesto una fuerte pérdida del poder adquisitivo para los pensionistas. Se refuerza la cohesión social y el principio de solidaridad entre generaciones".

El Gobierno considera que la actual reforma "es positiva para todos". Por un lado, los pensionistas actuales "mantienen su poder de compra", y los pensionistas futuros "tienen la confianza en que sus pensiones estarán respaldadas por un sistema fuerte que les garantiza unos ingresos protegidos de las subidas de precios". Defiende además la administración que "se refuerza así la cohesión social y el principio de solidaridad entre generaciones".

De hecho, el déficit de la Seguridad Social, que en 2018 era del 1,6% del PIB, este año terminará previsiblemente en torno al 0,5%. La fórmula de la revalorización "compensa la subida de precios experimentada a lo largo del último año. Por eso, aunque la inflación en diciembre haya estado en el 5,8%, la revalorización es de un 8,5%, que es la media observada durante todo 2022".

La revalorización de las pensiones no es una medida económica, "es un derecho recogido el artículo 50 de la Constitución Española, y en las doctrinas del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y del Tribunal de Derechos Humanos", concluyen.