La
fiscal personada en el juicio seguido en la
Audiencia Nacional contra tres acusados, entre ellos dos de Ceuta, investigados por formar un frente radical en prisión ha pedido 8 años de
cárcel en la última de las sesiones celebradas. Les acusa de cohesionar a “soldados de Dáesh” en las prisiones durante el periodo de 2016 a 2017 con el objetivo de que la organización
terrorista no perdiera a ninguno de sus mimebros y que una vez que salieran en libertad continuaran con la lucha radical. En la última sesión de la vista este jueves la fiscal ha rebajado su
solicitud inicial de 12 años de prisión ya que ha retirado su acusación por delito de integración en organización terrorista al estimar que procede condenarles por el de colaboración o por el de captación y adoctrinamiento a 8 años de cárcel. A esta petición se han adherido los abogados de las acusaciones, ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo y la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, mientras que los letrados de las defensas han solicitado la absolución de todos los acusados al estimar que no se ha probado que cometieran dichos delitos.
Relato de hechos según la Fiscalía
Los acusados, Mohamed E.G., Karim A.M. y Abdelah A.A., junto con el fugado Abderrahmane T., también conocido como Mohamed A.,
ya se sentaron en el banquillo de los acusados en julio de 2022 por estos hechos y resultaron absueltos al descartar el tribunal que formasen una
red dedicada a favorecer al Dáesh pero, tras recurrir la Fiscalía, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ordenó
repetir el juicio. En su turno de última palabra este jueves Mohamed E.G. y Abdelah A.A. han vuelto a negar que formaran tal frente de cárceles y el segundo ha pedido a la Sala "justicia y libertad de expresión y de religión". La fiscal ha mantenido en su informe que mientras los acusados cumplían condena en prisiones españolas por delitos de terrorismo coincidiendo en distintos centros penitenciarios o manteniendo contacto por cartas decidieron cohesionar a todos los encarcelados relacionados con el yihadismo. Ha explicado que trataban de que no abandonaran su ideario y que se mantuvieran fuertes y unidos durante su estancia en prisión para que ninguno de ellos se viera tentado a abandonar la yihad armada, apoyándose unos a otros cuando no coincidían en la misma cárcel con cartas con contenidos yihadistas como la bandera de Dáesh y emplazándose para seguir la actividad terrorista cuando salieran.
Captación de presos y radicalización
La fiscal y las acusaciones han añadido que igualmente los acusados captaron a presos comunes a los que radicalizaron, además de realizar pintadas en diversas cárceles. La representante de la Fiscalía ha señalado que como no consiguieron su pretensión de que todos los presos estuvieran juntos en una misma celda idearon lo que denominaron "programa patio" mediante la remisión masiva de cartas con instrucciones a un gran número de reclusos distribuidos en cárceles de toda España. Ha comentado que entre dichas instrucciones se encontraban las de no juntarse con presos no musulmanes, hacer deporte, rezar o memorizar el corán. La fiscal ha relatado que cuando Mohamed E.G. estaba en la cárcel de Castellón llegó a intentar participar en el programa de desradicalización que instauró Instituciones Penitenciarias pero que no fue admitido ya que la psicóloga que le entrevistó detectó que su intención era saber cómo funcionaba y se sospechó que lo que el acusado realmente quería era desactivar esta iniciativa. También ha destacado que este mismo acusado agredió a otro preso por no cumplir las instrucciones del "programa patio", ya que escuchaba música y vestía con pantalón corto, y ha recordado que este recluso testificó en el juicio que Mohamed E.G. intentó radicalizarlo y que le dijo que cuando salieran en libertad tenía que facilitarle armas para llevar a cabo alguna acción en Marruecos o en España.