Y también lo que se quiere determinar es que se estudie si “lo que hay es también suficiente para Ceuta y Melillla”.
Vivas e Imbroda emprenderán una acción conjunta que tendrá por meta mejorar la conectividad de ambas ciudades con su entorno y, asimismo, trabajarán codo con codo el desarrollo estatutario para, en lo posible, apurar su desarrollo normativo y, en lo que resta y sea oportuno, instar al Gobierno de España a hacer lo propio y suplir, así, la falta de capacidad legislativa de las ciudades autónomas.
Sobre lo primero, el presidente Vivas ha desarrollado que se trata de que el conjunto de ayudas singulares que las dos ciudades reciben vía transferencias del Estado por razones estructurales, y que afectan a suministros y servicios básicos “sensibles” y “fundamentales” (producción agua, transporte, educación, empleo, menores, vivienda...), tenga “continuidad, consistencia y seguridad”, es decir, que no dependa de la decisión política que un Gobierno adopte en el momento de elaborar el presupuesto general de cada ejercicio.
Garantizar
Vivas ha argumentado que son ayudas “imprescindibles” para garantizar un nivel en los servicios que se prestan a los ciudadanos de Ceuta y de Melilla “equiparable” al que disfrutan los españoles de cualquier otra parte del territorio nacional.
En ese sentido se pronunció recientemente la Asamblea de Ceuta, que por unanimidad del Pleno adoptó un acuerdo que el jefe del Gobierno ceutí había consultado previamente con su homólogo melillense, y ambos mandatarios han acordado dar un paso más en ese objetivo político, en concreto, “darle precisión y contenido” y, además, hacerlo en un plazo “corto”. Para definir el ámbito de esa estabilidad pretendida, lo próximo será determinar qué ayudas habrán de verse afectadas y por qué razones -para esto será necesario dimensionar y cuantificar cada caso- y calcular qué cantidades deberían completarse en esa norma de rango de Ley.
“No se trata solo de consolidar lo que hay; también de determinar si lo que hay es suficiente”, ha razonado Vivas. “No somos timoratos; es bueno establecer una precisión y concretar cada cuestión que forma parte de la estructura que queremos consolidar”, ha continuado. “Se trata de conseguir iguales parámetros, en servicios fundamentales, que el resto de españoles; se trata de ver dónde hay necesidad de intensificar y mejorar los esfuerzos”, ha agregado. Esa es la razón de ese trabajo que Vivas e Imbroda han acordado emprender para acompañar la iniciativa política.
Dentro de él, un capítulo importante corresponderá a la evaluación del hecho fronterizo y su impacto. “Sobre todo en lo que afecta a los servicios propios de las dos ciudades”, ha precisado el presidente de la Ciudad. “Queremos saber si está suficientemente compensado o no lo está, y lo haremos con un estudio riguroso, serio y objetivo”, ha completado.
REIVINDICACIONES
Plus de residencia
Se ha pronunciado el presidente Vivas, en el sentido de que si hay disponibilidad presupuestaria, por razones de justicia, se debería incrementar el plus de residencia.
Consolidación
Quieren una norma con rango de ley, donde no solamente se consoliden todas las ayudas que se reciben de Madrid, para que no se esté al capricho del Gobierno de turno, sino también, que se vea si lo que hay es suficiente.
Comunicaciones
Incluso se habló de llegar hasta la misma Unión Europea si hacía falta, para que se entendiera que, en este caso, aunque las circunstancias son diferentes, es un derecho que tienen ceutíes y melillenses ante las circunstancias que viven.
Las dos ciudades explorarán las capacidades para el desarrollo reglamentario que contemplan los estatutos
El desarrollo estatutario ha sido otro de los asuntos sobre el tapete y lo acordado para lograr avances es que los dos equipos de Gobierno intercambiarán experiencias y explorarán otras posibilidades, que “no necesariamente tienen que coincidir con la Iniciativa Legislativa”, ha advertido Vivas, para actualizar aquello en lo que se haya podido incurrir en un “desfase” por la falta de capacidad legislativa.
Para todo esto, los dos mandatarios han decidido crear una Comisión técnica, órgano que se ocupará tanto de “apurar en lo posible” las capacidades de desarrollo reglamentario que contemplan los dos estatutos, poniendo en común lo hecho en cada ciudad; como de explorar esas otras iniciativas.
“Hay necesidades en el ámbito de lo más cotidiano e inmediato que se pueden resolver planteando al Gobierno de la Nación que, mediante Proyecto de Ley, atienda aquello que se haya podido quedar desfasado por nuestra falta de capacidad legislativa”, ha resumido el jefe del Gobierno local, para quien, a la vista de lo tratado y acordado, reuniones como la celebrada en Málaga, lejos de tener un interés “oportunista”, son “útiles”.
“Estamos llevando a cabo un desarrollo constitucional”, ha aseverado al fundamentar los objetivos políticos reseñados en que la Constitución Española reconoce el hecho insular y Ceuta y Melilla lo que están esgrimiendo como razones de sus pretensiones es lo mismo, su condición de extrapeninsularidad. “Ahí se encuadra lo que pretendemos”, ha apostillado.
