El Gobierno de la Ciudad ha vuelto a instar al Ejecutivo central a promover cuanto antes una modificación del artículo 33 de la Ley del Impuesto de Sociedades, que recoge la bonificación por las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, para implementar una mejora de su Régimen Económico y Fiscal (REF) especial “lo bastante atractiva” como para acelerar de manera efectiva la llegada de empresas y la generación de empleo en ambos territorios.
Según las fuentes del Ejecutivo consultadas por este periódico, la triple crisis que ha soportado la ciudad durante los últimos años (sanitaria, fronteriza y migratoria) precisa de respuestas que no pueden esperar a la aprobación del Plan Estratégico comprometido.
El Gobierno de Pedro Sánchez lleva meses sin atender esta reclamación, que no fue incluida en la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. El Ejecutivo local considera que se podría aprovechar el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, que permanecerá abierto en el Congreso hasta el próximo miércoles, para incluir esa medida.
El cambio legislativo al que se aspira pasa, básicamente, por “mejorar las bonificaciones a las entidades residentes o no en las ciudades autónomas que cuenten con un lugar fijo de negocios en ellas”. Así, podrían incrementar el importe de sus deducciones por persona empleada con contrato laboral a jornada completa que ejerza sus funciones en Ceuta y Melilla.
También se quiere eliminar la necesidad de acreditar el cierre del ciclo mercantil que determine resultados económicos, con lo que se facilitaría la radicación a este lado del estrecho de divisiones que, por ejemplo, desarrollen labores de gestión empresarial ligada a la serie de procesos y actividades que tienen que ver más con áreas administrativas que con el contacto directo con el cliente final.
Son los cambios legales que se consideran más urgentes del paquete de reivindicaciones que Vivas y su homólogo melillense, Eduardo de Castro, acordaron a finales del año pasado plantear al Ejecutivo central y las Cortes Generales, entre ellos una Disposición Adicional a la Ley General Tributaria que establezca "que las cuotas tributarias correspondientes a los impuestos estatales regulados serán objeto de una bonificación [mínima] del 60%" en las dos ciudades autónomas, un paso que vendría a dar "seguridad jurídica" a las ventajas fiscales de los dos territorios para atraer empresas y generar empleo.
Las Ciudades ven obvio que “los elevados costes del aprovisionamiento de mercancías que originan la extrapeninsularidad; el reducido tamaño del mercado de bienes y servicios; la escasez de suelo y otros recursos naturales; y los impedimentos para normalizar y desarrollar las relaciones económicas y comerciales con el país vecino” complican “enormemente” el desenvolvimiento de la actividad productiva en Ceuta y Melilla, lo que se traduce en tasas de paro, sobre todo juvenil, y de pobreza hasta 30 puntos superiores a las medias nacionales.
Después de que en los nuevos Impuestos sobre Determinados Servicios Digitales y sobre Transacciones Financieras no se hayan tenido en cuenta bonificaciones para Ceuta y Melilla, sus gobiernos autonómicos consideran que su establecimiento debe garantizarse para dar "una mayor seguridad jurídica a empresas e inversores nacionales o extranjeros".
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