El juez decano de Ceuta, Miguel Ángel Fernández Lupiáñez, ha asistido esta semana a las XXXIII Jornadas de Jueces Decanos de España, celebradas en un momento especialmente delicado para la Justicia española.
La cita ha estado protagonizada por un claro posicionamiento institucional de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, quien ha reclamado respeto hacia los jueces y ha denunciado los intentos de presión desde algunos sectores políticos.
Según ha informado el periódico El Mundo, durante el acto inaugural, Perelló lanzó un mensaje firme en defensa de la independencia judicial, sin necesidad de mencionar al Gobierno directamente, pero haciendo alusión clara al clima actual de enfrentamiento institucional: “Desde aquí quiero hacer un llamamiento a autoridades y particulares a recuperar ese respeto y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial”, afirmó ante todos los jueces decanos del país.
Críticas al magistrado que investiga al fiscal general
Las palabras de Perelló llegan después de que el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, fuera duramente criticado por su decisión de investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Distintos miembros del Gobierno y del PSOE han reaccionado a este procedimiento con declaraciones que muchos dentro del ámbito judicial han considerado inaceptables. De hecho, el ministro Óscar Puente llegó a afirmar que “los jueces constituyen la oposición real al Gobierno”.
Sin citar nombres, Perelló dejó clara su preocupación por esta actitud: “Lamento que la pérdida del respeto que merecen personas e instituciones, y especialmente los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado”.
La presidenta del CGPJ recordó que toda resolución judicial puede ser revisada dentro del sistema de garantías que ofrece el ordenamiento jurídico español. “Las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de debate y de crítica, pues nos ayudan a mejorar, pero no caben las descalificaciones personales ni los insultos a los jueces, ni tampoco presiones intolerables”, subrayó.
La respuesta del Gobierno: discrepar es democracia
El Gobierno ha querido dejar claro que no se siente aludido por las declaraciones de Perelló. A través del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido el derecho de discrepar públicamente de las decisiones judiciales.
“Cualquiera puede ejercer el derecho de manifestar que discrepa de una resolución judicial o de una parte de ella y decirlo públicamente”, afirmó Bolaños desde el Congreso, asegurando que esto forma parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión en democracia.
Según la información publicada en El Mundo, el ministro también señaló que ese derecho no está reñido con el respeto que merecen jueces y tribunales, y que impugnar resoluciones es parte del funcionamiento del Estado de Derecho.
“La inmensa mayoría de los jueces hacen su trabajo con rigor, con imparcialidad y con profesionalidad”, añadió.
Ceuta, presente en el debate institucional
Con la presencia de Miguel Ángel Fernández Lupiáñez, Ceuta ha estado presente en uno de los foros judiciales más relevantes a nivel nacional. El encuentro no solo ha servido para analizar los desafíos que afrontan los jueces decanos en sus territorios, sino también para mostrar unidad ante los ataques que, según el CGPJ, están socavando la confianza en la Justicia.
Perelló advirtió de que el Consejo estará alerta: “Estamos muy preocupados por los intentos de desprestigiar a los jueces. Estaremos vigilantes —ahora más que nunca— en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, que no es otra que la defensa de la independencia judicial”.
La tensión política y la Justicia, en el centro del debate
La presidenta del CGPJ también alertó sobre el clima de “tensión permanente en la vida pública”, que se traslada a los tribunales y pone en riesgo su labor imparcial. “Algunos deben soportar descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones y no dudan en juzgarles, ni en atribuirles propósitos desviados”, denunció.
Por último, insistió en que la crítica es legítima, pero debe hacerse con respeto y sin intención de influir o desacreditar la labor judicial: “Las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos, y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales, son impropias de un Estado democrático avanzado”, concluyó.