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La Ciudad recibirá 2.757.000 euros para rehabilitar y construir viviendas

La Ciudad Autónoma recibirá 2.757.000 euros de los fondos europeos de recuperación para financiar actuaciones actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución territorial y los criterios de reparto de los 1.889 millones que se asignarán entre las diferentes Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla.

De la cantidad otorgada a Ceuta, 2 millones de euros se destinarán a la recuperación económica y social en entornos residenciales. Esta cantidad servirá para cubrir una parte, por ejemplo, de la actuación de rehabilitación integral anunciada este mismo martes por el Ejecutivo local en la barriada del Príncipe Felipe, en la que se acometerán mejoras a fondo tanto de los edificios de la zona como de sus infraestructuras básicas (redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales...), que costará entre 5 y 6 millones de euros. Los 730.000 euros restantes de los fondos europeos pertenecen al programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, y no se entregarán en 2023.

Con estas subvenciones se busca reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable de los hogares y mejorar el confort y la habitabilidad, promoviendo, por ejemplo, el cambio de ventanas, el despliegue de sistemas de calefacción alimentados con energías renovables, o la renovación de sistemas de calefacción y de refrigeración obsoletos. La distribución territorial y los criterios de reparto autorizados por el Consejo de Ministros deberá someterse a la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.

Las subvenciones están incluidas en el Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): “Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana”.

El pilar fundamental del Plan de Recuperación es la transformación de nuestro modelo económico y del conjunto de la sociedad bajo el signo de la sostenibilidad. Este objetivo, que es imprescindible para combatir el cambio climático que nos amenaza, se ha visto plenamente justificado y más necesario que nunca con la guerra desatada por Rusia en Ucrania. Y es que reducir la huella de carbono y el consumo es vital, además de para luchar contra el cambio climático, para disminuir nuestra dependencia energética.

La distribución

Los fondos se distribuirán entre las CCAA, Ceuta y Melilla en proporción al número de hogares, según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), del siguiente modo:

Cifras en miles de euros

 

 

 

 

Comunidad Autónoma / Ciudad

C02.I01 “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales”

2022

C02.I02 “Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”

2023

Andalucía241.269,3086.850,00
Aragón40.239,3314.485,00
Asturias33.738,8112.145,00
Baleares34.183,2912.305,00
Canarias63.768,9922.955,00
Cantabria18.001,446.480,00
Castilla y León75.575,4927.205,00
Castilla - La Mancha58.504,6821.060,00
Cataluña224.504,0780.815,00
Comunidad Valenciana150.303,6954.105,00
Extremadura32.016,4511.525,00
Galicia81.187,0529.225,00
Madrid194.557,2370.035,00
Murcia40.822,7114.695,00
Navarra19.168,206.900,00
País Vasco67.477,6224.290,00
Rioja9.695,223.490,00
Ceuta2.027,94730,00
Melilla1.958,49705,00
TOTAL ESPAÑA1.389.000,00500.000,00

La distribución territorial de estos 1.889 millones de euros se sumará a los 1.151 millones de euros del programa de rehabilitación residencial transferidos en 2021 por Mitma a las CCAA, Ceuta y Melilla y a los 500 millones del programa de vivienda social traspasados en 2022. Todo ello, según la distribución acordada en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo del 21 de julio de 2021.

Con el acuerdo de Consejo de Ministros, Mitma moviliza 3.540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que las comunidades y ciudades autónomas financien las actuaciones encaminadas a la regeneración de los entornos residenciales y aumento del parque de vivienda pública, lo que supone el 89,1% de los recursos a transferir en el marco de ambos programas de inversión. Así, en 2023 se podrá transferir el 100% de los fondos destinados a la construcción de hasta 20.000 viviendas en alquiler social y este año, el 85,5% de las ayudas dirigidas a rehabilitación. El año que viene se prevé la distribución de los 430 millones de euros restantes.

En este punto, cabe recordar que el programa de rehabilitación residencial cuenta con 450 millones de euros para financiar bonificaciones fiscales a la rehabilitación de viviendas, lo que da un total de 3.420 millones de euros.

Un momento clave

Con este nuevo reparto de recursos, nuestro país se asegura el cumplimiento de los compromisos en el impulso de la rehabilitación edificatoria, tanto en el marco de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Así, junto con la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR, se refuerzan las oportunidades para impulsar la rehabilitación y mejora de viviendas y edificios residenciales, a través de diferentes medidas e instrumentos que no tienen precedentes en cuanto a la cuantía e intensidades de ayuda, y que hacen especialmente atractivas tales actuaciones, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y el confort de las viviendas, asegurar la máxima calidad de los edificios y contribuir a fortalecer un sector clave de la economía española en términos de actividad y empleo, con un enorme potencial de crecimiento.

Asimismo, en el ámbito de la vivienda social, la aplicación de recursos del PRTR posibilitará la construcción de 20.000 nuevas viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, lo que constituye una oportunidad para que las Administraciones territoriales amplíen su parque de vivienda social, un instrumento esencial para la aplicación de políticas públicas en favor del derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado en la Constitución Española, todo ello, en el contexto de la tramitación parlamentaria de la primera ley estatal por el derecho a la vivienda de nuestra democracia.

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