El Pleno de la Asamblea celebrará hoy desde las 9.30 horas dos Sesiones Extraordinarias para debatir sendas propuestas al Gobierno de la Nación de reforma, respectivamente, de Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y de la modificación de los artículos 17.1.b) y 22.2 del Código Civil al objeto de garantizar, respectivamente, que los niños y adolescentes migrantes extranjeros solos que accedan a la ciudad autónoma sean retornados a Marruecos o trasladados a la Península en un plazo máximo de tres meses y que los nacidos en Ceuta hijos a su vez de foráneos paridos en cualquiera de las dos localidades norteafricanas no accedan por origen a la nacionalidad española.
En este último caso el Ejecutivo local del PP reclama que “los hijos de extranjeros nacidos en Ceuta y Melilla” no puedan acceder a la nacionalidad española por residencia beneficiándose de la cláusula que rebaja a un año la permanencia legal continuada para los nacidos en territorio nacional. Su propuesta es que se les demande “un periodo mínimo e interrumpido de diez años”.
La propuesta, copiada literalmente de Melilla, se basa en que en ambas ciudades “concurren palmarias circunstancias excepcionales, no solo porque el porcentaje de partos de mujeres extranjeras triplica la media nacional, sino esencialmente porque las citadas mujeres procedentes y residentes en su práctica totalidad en distintas zonas de Marruecos no tienen vínculo alguno en las ciudades autónomas”.
La iniciativa calcula que cada año se registran “en torno a los 2.500 partos de ciudadanas de nacionalidad marroquí” en Ceuta y Melilla, un 30% y un 60% del total de nacimientos en cada una de ellas. “Esta situación excepcional, que no se produce en el resto del territorio nacional, debe ser controlada y regulada porque se trata de una evidente cuestión de Estado”, alerta el texto que se someterá a la consideración de la Asamblea autonómica antes de final de mes.
Con los niños, la propuesta del Gobierno prevé dar “prioridad” al “retorno” de “los menores extranjeros no acompañados que sean migrantes con entrada irregular” en Ceuta y Melilla “bien directamente, o, en su caso, través del país de tránsito, en aras de la protección del interés superior de estos menores y a efectos de su integración y desarrollo en el núcleo familiar de origen en su entorno socio cultural”.
Aunque las Ciudades asumieron las competencias de Menores hace 20 años, esta iniciativa estipula que “hasta que se produzca el retorno de estos menores a sus países de origen, ya sea a efectos de su reagrupación familiar o de su entrega a los servicios de protección del menor”, tendrá que ser la Administración del Estado la que se haga cargo “del apoyo material y de los cuidados necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, alojamiento apropiado para su edad, instalaciones sanitarias y cuidados médicos”.
“En el supuesto de que en el plazo máximo de tres meses no se haya hecho efectivo el retomo de los menores a sus países de origen o, en su caso, al de tránsito”, añade, “éstos serán necesariamente trasladados a centros de acogida de otras partes del territorio nacional”.
Con respecto a la devolución al Reino alauita, el texto de la propuesta señala que “el 'retorno a las familias de origen' o, en su caso, a los servicios de protección, que se lleve a cabo con las debidas garantías, debe conllevar no sólo el de los menores nacionales del país colindante con Ceuta y Melilla, sino también de aquellos originarios de otros países que acceden a ambas ciudades autónomas a través de Marruecos como país de tránsito”.
Ceuta y Melilla alegan sufrir una situación “crítica” por el “flujo de menores extranjeros no acompañados (MENA) que va en progresivo aumento y que no obedece, en su gran mayoría, a verdaderas situaciones de desprotección, sino a un proyecto migratorio decidido con claras connotaciones económicas, buscando para ellos y sus familias un futuro mejor que en su país de origen”.
“Habría que distinguir, porque es la realidad sociojurídica existente”, defiende el Ejecutivo ceutí, “entre los 'menores en verdadera situación de desprotección' de los que realmente son 'menores migrantes', jóvenes con proyecto migratorio decidido hacia España y el resto de la UE” porque “este segundo grupo, en gran parte, incluso los que se encuentran alojados en centros de acogida, rechazan las medidas de protección que se adoptan por las entidades públicas competentes, lo que distorsiona el actual sistema de protección establecido”.
“Su objetivo no es otro que emigrar a la península y a otros países de Europa por motivos económicos y denotan tal determinación que ponen incluso en grave riesgo sus vidas para acceder como polizones”, alerta la propuesta, que también subraya que “deambulan por las calles detectándose múltiples problemas de conducta, así como de policonsumo de sustancias adictivas poniendo en grave riesgo su salud, produciéndose también, en algunos casos, actividades ilícitas y de riesgo, con la consiguiente alarma social en unas ciudades de tan escasa extensión superficial”.
El Gobierno de Vivas estima en cuanto a la competencia que “no cabe duda que los ‘menores que estén en una situación de abandono’ están dentro del ámbito de las competencias de Asistencia Social que disponen las Ciudades Autónomas, pero las actuaciones dirigidas al segundo colectivo descrito, que predominantemente son ‘menores migrantes’, en su mayor parte cercanos a la mayoría de edad, y cuyo fin no es ser objeto de protección por parte de las instituciones autonómicas, sino acceder a la península y al resto de Europa en busca de un futuro mejor por razones obviamente económicas, encaja sin duda en el ámbito de la ‘inmigración’, que sería competencia exclusiva del Estado, a tenor de lo establecido en la Constitución”.
La iniciativa legislativa del PP quiere que en Ceuta y Melilla, “atendiendo a las singularidades presentes en ambas ciudades autónomas”, se establezca respecto a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que sean migrantes con entrada irregular en territorio nacional, que “se dará prioridad en el retomo, bien directamente, o, en su caso, través del país de tránsito, en aras de la protección del interés superior de estos menores y a efectos de su integración y desarrollo en el núcleo familiar de origen en su entorno socio cultural, en consonancia con lo establecido en la Resolución del Consejo de Europa 97/C 221/03, teniendo en cuenta los principios rectores de la actuación de los poderes públicos contemplados en el artículo 11.2 de la presente Ley Orgánica 1/1996, así como el cumplimiento de los Convenios y Acuerdos internacionales suscritos por España”.
Además, se reivindica que “hasta que se produzca el retorno de estos menores a sus países de origen, ya sea a efectos de su reagrupación familiar o de su entrega a los servicios de protección del menor, con el fin de su adecuado amparo, dispondrán del apoyo material y de los cuidados necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, alojamiento apropiado para su edad, instalaciones sanitarias y cuidados médicos, siendo atendidos por la Administración del Estado como entidad pública competente en materia de inmigración, a tenor de lo establecido en el artículo 149.1.2 de la Constitución”.
Asimismo se propone que “en el supuesto de que en el plazo máximo de tres meses, no se haya hecho efectivo el retomo de los menores a sus países de origen o, en su caso, al de tránsito, éstos serán necesariamente trasladados a centros de acogida de otras partes del territorio nacional”.
Reglamentariamente lo que reclama la Ciudad es la incorporación de una nueva Disposición Adicional (la cuarta, intitulada ‘Menores extranjeros no acompañados. Especificidades en las Ciudades de Ceuta y Melilla’) a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor aprobada en 1996.
Realidad social: Menores solos
El Gobierno de Vivas defiende que “las normas deben adaptarse a la nueva realidad social que regulan constituyendo también una parte contextual en el lugar donde se aplican y de la sociedad que puede condicionarla”. También que “las normas deben procurar dar solución a la problemática social que se plantea” y que “pueden también establecer excepciones a su regulación general en función de las peculiaridades que concurran en determinados ámbitos territoriales en los que se den circunstancias excepcionales respecto al resto del territorio, dando así solución a las situaciones específicas siempre dentro del espíritu y la finalidad de la propia norma”.
Ceuta y Melilla registran “en torno a los 2.500 partos de ciudadanas de nacionalidad marroquí”, un 30% y un 60% del total de nacimientos en cada una de ellas. “Esta situación excepcional, que no se produce en el resto del territorio nacional, debe ser controlada y regulada porque se trata de una evidente cuestión de Estado”, alerta el texto que se someterá a la consideración de la Asamblea autonómica este martes.
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