Ceuta, carente de una infraestructura única y adecuada para la acogida de menores inmigrantes, atraviesa lo que puede definirse como una “situación de crisis”.
Se ha cerrado el periodo correspondiente de enero a julio con 312 acogidos, pero el dato más significativo es el registrado este mes. En solo 15 días han entrado en la ciudad medio centenar de niños.
La experiencia, el histórico de entradas que maneja el área de menores de la Ciudad Autónoma, apunta a que, en los meses de agosto, pero sobre todo septiembre y octubre, se sufren más repuntes. El primero porque coincide con el verano y la presión sobre los espigones; los otros dos restantes porque con el inicio de los colegios aumentan las entradas con ese fin educativo.
Y ante todo esta situación, la Ciudad sigue sin tener un centro único y bien dotado para enfrentarse con garantías a repuntes y crisis migratorias como la que se vive ahora sin tener que recurrir a otros recursos temporales.
Al albergue de La Esperanza se suman los centros ocasionales habilitados en otros puntos de la ciudad y que funcionan mediante acuerdos con entidades sociales. Son temporales e improvisados, no un centro único, fijo y con solvencia para abordar la situación de una manera centrada.
El problema es grave. Ceuta sufre directamente un abanico de adversidades asociadas a las entradas de menores desde Marruecos. A la falta de infraestructura se suman los fallos continuados de algo tan básico como el cumplimiento del protocolo marco suscrito en 2014 para la determinación de edad.
No se está cumpliendo. Y todos lo saben, pero no se pone remedio. Hoy por hoy ingresan en los centros de menores personas que en su apariencia física tienen más de 18 años. Son hombres más que niños, pero hasta que no se le practica esa prueba están junto a quienes no alcanza la mayoría de edad.
La excepcionalidad se ha convertido en norma. Lo que antes se hacía puntualmente o de manera extraordinaria, ahora se hace a diario. Pasa un tiempo que no debería ser permitido hasta que se verifica si esa persona es o no menor de edad. Mientras tanto comparte espacio con menores.
¿Quién es responsable si sucede algún incidente? Esa es la pregunta a la que nadie quiere dar respuesta. El problema es que llegue a ocurrir al permitirse una convivencia de menores con personas que, a posteriori, se conoce que tienen más de 18 años.
Fue en julio de 2014 cuando el ministro de Justicia, la ministra de Empleo y Seguridad Social, la de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el fiscal general del Estado, el secretario de Estado de Seguridad y el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación firmaron un acuerdo para la aprobación de dicho protocolo.
En los casos en los que la minoría de edad no pueda ser concretada con seguridad se tiene que activar de inmediato el protocolo que pasa por su traslado al hospital para la realización de una prueba y el aviso a la Fiscalía para el dictado del decreto, aunque sea de carácter provisional, para decidir si es posible su acogimiento.
El informe de determinación de edad debe ser emitido en el plazo más breve posible. La realidad no se asemeja a lo que figura por escrito y está publicado como norma.
Las últimas entradas de menores centradas en esa quincena última de julio llevan al conocimiento de un dato objetivo, que es el registrado, pero no significa que se ajuste al real ya que hay menores en situación de calle o viviendo en casas de familiares.
Esa cifra de 312 aumentaría, según estimaciones, a unos 360. La mayoría, en torno al 75%, procede de puntos del norte, pero hay un número destacado de niños que han llegado desde El Jadida.
El comportamiento en las entradas de menores no ha sufrido variaciones hasta que llegó el periodo de los temporales y el actual de crisis, pasándose de una media de ocupación de unas 120 personas a los más de 300 en la actualidad.
Lejos de existir una solución política para este asunto, los partidos se enzarzan en la continuada pelea marcada por siglas y posicionamientos que evitan regularizar traslados que eviten situaciones indeseadas como hacinamientos o riesgos.
La reforma de la ley de extranjería pretendía establecer un reparto vinculante de los menores inmigrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas desde las regiones más afectadas, incluyendo Ceuta.
Se pretendía introducir el 35 bis, declarar “la existencia de situaciones de contingencia migratoria extraordinaria en Canarias, Ceuta y Melilla”, bajo el argumento de estos son “territorios donde las peculiaridades de su ubicación geográfica favorecen la llegada de los flujos migratorios actuales”.
Ese traslado de inmigrantes pretendía ejecutarse una vez quedara acreditada la insuficiencia de los servicios autonómicos de las regiones receptoras para atender a estos niños.
En el caso de Ceuta se planteó el traslado de 87 menores. Fue el propio consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, quien insistiría en la Sectorial realizada para debatir sobre esta situación en esa “necesidad de derivación obligatoria”.
Una derivación “con mecanismos que permitan la reubicación” ampliando recursos y estableciendo una financiación tanto adecuada como suficiente.
“Es de vital importancia para la ciudad y pone de manifiesto la solidaridad y responsabilidad de las autonomías”, mantenía por entonces Gaitán que llegó a tildar de “insostenible” la situación vivida. Aquello lo decía a principios de julio, ahora el repunte no mejora ese panorama dibujado.
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