El Consejo de Ministros ha aprobado este martes a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la transferencia de 659.452,05 euros a Ceuta para atención a niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados.
Con medio millón se sufragará el traslado a otras regiones de 56 menores este año y otros 32 el próximo, mientras que con los 159.452 euros restantes se compensará a la administración local por la atención a los cuatro que no podrán ser llevados a la península por falta de plazas.
El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades acordaron en julio poner en marcha un mecanismo de derivación de niños inmigrantes solos desde Canarias y Ceuta para paliar la saturación de sus centros de acogida.
Concretamente se acordó llevar a la península en 2022 a 60 menores foráneos sin compañía acogidos en la ciudad autónoma y a otros 32 en 2023, pero finalmente este año los traslados solamente serán 56.
El objetivo último es que la Ciudad Autónoma no acoja a más de 132 menores desamparados (actualmente la cifra está ligeramente por encima de los 300) y que cuando se supere esa cifra se active su traslado a otras autonomías. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha vuelto a agradecer a “todas” las Consejerías de Políticas Sociales regionales “su continuado esfuerzo en materia de protección de estos niños y niñas”.
Para financiar las plazas de acogida en las comunidades autónomas de destino se acordó repartir 20 millones de euros teniendo en cuenta factores como la población, la renta per cápita, la tasa de paro o los menores ya atendidos. Eso es lo que ha hecho este martes el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Esta cantidad corresponde al segundo pago del total de 35 millones presupuestados por el Ministerio de Derechos Social y Agenda 2030. Los primeros 15 millones fueron destinados a Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, principales puntos de llegada de personas inmigrantes.
Desde mediados de 2020, la llegada de niños, niñas y adolescentes inmigrantes no acompañados al territorio español ha tenido una incidencia importante sobre los medios y los recursos disponibles por parte de las entidades públicas de protección de la infancia de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
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