La aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, trae consigo un nuevo sistema de aportaciones del usuario en farmacia. La medida entrará en vigor mañana, día 1 de julio, y por ello el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de Ceuta ha dado cuenta este viernes sobre las repercusiones que la disposición tendrá entre la población ceutí.
El director territorial del INGESA, Fernando Pérez-Padilla, ha informado de que la aportación económica que cada ciudadano deberá pagar cuando retire de la farmacia un medicamento prescrito por su médico “ya no se relaciona con su condición de usuario activo o pensionista, sino que se establece en relación con el nivel de renta”.
Así, las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionista de la Seguridad Social abonarán el 10% del precio de venta al público (PVP) del medicamento, estableciéndose unos reintegros económicos con carácter temporal también ligados al nivel de renta, de tal forma que aquellos con renta inferior a 18.000 euros anuales aportarán hasta 8 euros mensuales; aquellos cuya renta se mantenga entre los 18.000 y los 100.000 euros pagarán un máximo de 18 euros mensuales; y, para los que superen la renta de 100.000 euros, la cantidad máxima mensual a desembolsar será de 60 euros.
Cuando se superen los desembolsos máximos mencionados será el INGESA quien, de oficio, procederá a la devolución de las cantidades abonadas por los pensionistas con un compromiso de reembolso que realizará en un periodo no superior a seis meses.
La devolución será aplicada de forma automática e ingresada en el número de cuenta que los usuarios tienen asociado en el INSS. No obstante, el director territorial recomienda a los pensionistas que soliciten a su farmacéutico una factura al término de cada mes para comprobar si el reintegro se corresponde con la cantidad que han desembolsado.
Diferente es la situación de las personas con condición activa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si su nivel de renta anual se encuentra por debajo de 18.000 euros, abonarán el 40% del precio de venta al público del medicamento; si se sitúa entre los 18.000 y los 100.000, pagarán el 50% del PVP; y si su renta es igual o superior a 100.000 euros, desembolsarán el 60%.
A partir de los 26 años, quienes ya no estén cubiertos por la tarjeta sanitaria de sus padres pero aún no hayan comenzado a cotizar, deberán acreditar su falta de ingresos si quieren seguir disfrutando de la sanidad pública. Una fórmula que pueden elegir para acreditarlo consiste en inscribirse como demandante de empleo.
Pérez-Padilla ha señalado que “aquellos casos en los que por diferentes motivos no se pueda determinar el nivel de renta del usuario o existan dudas, se le aplicará el sistema de pago a la baja”.
Exentos de aportación
Los usuarios exentos de la aportación económica en farmacia son aquellos afectados por el síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en la normativa, las personas perceptoras de rentas de integración social y las de pensiones no contributivas y los parados de larga duración, además de los derivados de accidentes laborales.
El nuevo modelo de receta incluye un código personal que establece categorías diferentes para cada ciudadano en función de su aportación farmacéutica. El director territorial ha aclarado, en este sentido, que “las recetas que hayan sido expedidas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto son válidas” y que “continuaremos entregando las recetas tradicionales incluyendo en ellas el código que corresponde a cada persona hasta que se agoten”.
El INGESA asegura que ha hecho los deberes y lo tiene todo dispuesto para el cambio al nuevo sistema de aportación económica en farmacia. El instituto sanitario ha previsto que desde el lunes y hasta el miércoles entre el 90 y el 98% de los pacientes con cita en Atención Primaria saldrá de ella con la receta en la que se incluirá el código personal con la aportación correspondiente.
Fernando Pérez-Padilla ha declarado que, “de las 1.659 citas médicas que habrá durante los tres primeros días de aplicación del Real Decreto en los tres centros de salud de la ciudad, tan sólo queda por identificar el código de 39 usuarios”; lo que, según él, puede ser motivado por “tarjetas sanitarias en tramitación, duplicidad en el código de identificación porque cuente con tarjetas sanitarias de dos comunidades, y porque no tengan derecho a cobertura sanitaria”.
Para aclarar cualquier duda, el INGESA contará en todos sus centros con una unidad administrativa en la que habrá personal dedicado exclusivamente a informar a los usuarios.
