El barómetro de Sigma Dos recientemente publicado —2.173 entrevistas, trabajo de campo del 20 al 26 de agosto con un margen de error de ±2,1 puntos— ofrece información relevante sobre cómo perciben los españoles lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio pasado.
El dato principal no es que el 90,4 % atribuya al régimen alauí la entrada irregular de hasta 72.000 personas en Ceuta, que con ser importante, lo relevante es que esa convicción se mantiene frente a una posición gubernamental que sostiene lo contrario. La distancia entre ambas percepciones es demasiado amplia para explicarse como una simple consecuencia de la división partidista.
Conviene, por ello, distinguir los planos en los que se manifiesta esa disociación, porque responden a realidades de naturaleza distinta.
El primero es el de los hechos. El Gobierno mantiene que la cooperación con Rabat funciona —el ministro de Asuntos Exteriores defendía el día 28 de agosto que la ayuda marroquí resulta esencial para prevenir episodios semejantes—, pero apenas el 3,8 % de los encuestados cree que Marruecos colaborará con España para evitar la entrada. El 52,6 % sostiene que conocía el movimiento y permitió que se produjera sin defender su frontera, y el 37,8 % afirma directamente que lo potenció. La discrepancia no versa sobre la valoración de un hecho, sino sobre el hecho mismo. Un gobierno puede pedir prudencia en las consecuencias que se extraigan de un episodio de esta naturaleza; lo que difícilmente puede sostener durante mucho tiempo es una descripción de lo ocurrido que nueve de cada diez ciudadanos rechazan.
“Lo que difícilmente puede sostener durante mucho tiempo es una descripción de lo ocurrido que nueve de cada diez ciudadanos rechazan”
El segundo es el de la actuación. El 82,2 % considera que el Ejecutivo no ha hecho lo suficiente y sólo el 17,8 % asume la tesis oficial de que hizo cuanto estaba en su mano. El dato adquiere su verdadero relieve al desagregarlo: lo suscriben también el 56,9 % de los votantes del PSOE y el 52,7 % de los de Sumar. La discrepancia no procede, por tanto, de la oposición, ni puede reconducirse al esquema habitual de bloques: atraviesa a los electorados que sostienen al Gobierno, que en esta materia se comportan como el resto del país.
El tercero es el del método. Ante una discrepancia tan amplia, la respuesta oficial ha consistido en atribuir buena parte de lo ocurrido en julio a los bulos difundidos en las redes sociales. Esa explicación puede servir cuando la opinión discrepante es minoritaria; resulta difícil de sostener cuando la comparten el 90,4 % de los ciudadanos y casi todos los votantes del propio partido. Invocar la desinformación deja entonces de explicar por qué existe ese convencimiento social y se limita a eludir la cuestión principal: qué ocurrió realmente en julio y por qué una mayoría tan abrumadora de españoles ha llegado a una conclusión distinta de la versión oficial.
El cuarto es el de las políticas concretas, y es el más elocuente porque permite el cotejo punto por punto. Ante los menores no acompañados, la vía gubernamental del reparto entre comunidades autónomas la respalda el 13,8 %, mientras que el 77,2 % se pronuncia por su devolución a Marruecos, mayoría que alcanza igualmente a quienes votaron al Ejecutivo. En materia de frontera, el 55 % pide su militarización y el 52,8 % sanciones a Marruecos ante nuevos incidentes, frente a una política asentada en la continuidad de la relación bilateral. El 84,4 % rechaza que Marruecos siga organizando el Mundial de 2030. Y el 66,9 % reclama la presencia del Rey en Ceuta, cuya ausencia resulta inexplicable para los ceutíes.
“La brecha que revela este barómetro no sería sólo una consecuencia de la crisis, sino que podría formar parte de sus propios objetivos”
Nada de lo anterior tiene efecto jurídico. La opinión pública no crea Derecho ni vincula al Gobierno, y no puede fundar por sí sola una decisión en materia de seguridad nacional, cuya dirección corresponde al Ejecutivo conforme al artículo 97 CE. La representación política no es mandato imperativo, y convertir un sondeo en fuente de obligaciones sería un error de método. Añádase que el trabajo de campo se cerró el 26 de agosto y no recoge, por tanto, las declaraciones posteriores. Con todo, resultados de esa magnitud no dejan de ser una advertencia para un Ejecutivo tan atento a los análisis demoscópicos.
Hay, sin embargo, una razón por la que esta disociación no puede tratarse como un contratiempo demoscópico más. La Ley 36/2015 concibe la Seguridad Nacional como un servicio público que descansa, entre otros elementos, en la implicación de la sociedad. Y si la entrada masiva del 30 y 31 de julio respondió —como sostiene el 59,7 % de los encuestados al calificarla de instrumento de presión sobre el Gobierno español— a una acción deliberada de naturaleza híbrida, uno de sus efectos característicos es precisamente la erosión de la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones.
La brecha que revela este barómetro no sería sólo una consecuencia de la crisis, sino que podría formar parte de sus propios objetivos. Reducirla dejaría entonces de ser un problema de comunicación para convertirse en una cuestión de seguridad nacional.
