Ceuta nunca tiene un plan

El Gobierno de la Ciudad, de manera inopinada y atolondrada, ha planteado la aprobación inminente de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Lo hace sobre la base de un documento obsoleto (llamado avance), presentado en dos mil ocho y paralizado desde entonces sin explicación alguna. Tras doce años de azarosa espera (el plan vigente venció en el año dos mil), de repente, el frenesí. Estamos ante una nueva demostración de este pintoresco modo de funcionar que nos caracteriza: la improvisación como único método y casi razón de ser de nuestras instituciones. Es una contradicción intrínseca que nos persigue sin tregua. Una Ciudad muy  complicada, cuyas decisiones de futuro requieren un esfuerzo adicional de reflexión y debate, es precisamente el paradigma de la orfandad en este ámbito. Ceuta nunca tiene un plan. Siempre nos atropellan los acontecimientos.
El PGOU es una de las decisiones más importantes de cuantas puede adoptar una corporación municipal. Es la definición del modelo de Ciudad en la que queremos vivir. Este hecho en sí mismo, y su proyección en el tiempo, convierten este asunto en el debate político por excelencia. Por este motivo la participación ciudadana debe ser un elemento esencial en su elaboración y tramitación. Es cierto que los grupos políticos gozan de plena legitimidad democrática para su aprobación; pero no es menos cierto que la envergadura de la decisión obliga, al menos éticamente, a promover la participación activa y efectiva de todos los miembros de la comunidad. No se debe hurtar el derecho de cada individuo a opinar y pronunciarse, de modo expreso, sobre la configuración de su propia Ciudad.
Sin embargo, todos los indicios apuntan a que el Gobierno de la Ciudad no tiene la menor intención de que los ceutíes sepan lo que se traen entre manos. Aunque guarden formal y obligatoriamente las apariencias. Evidentemente en todo documento sometido a información pública por ley (y este lo es), cualquier ciudadano puede alegar cuanto estime conveniente. Pero no deja de ser una trampa. No se puede opinar sobre lo que no se entiende. Y aquí radica una de las principales controversias que se suscitan habitualmente en torno a los planes de ordenación urbana. Resulta paradójico que algo que debe estar al alcance de todos, tenga una complejidad técnica tal que su comprensión esté reservada a un grupo de personas muy reducido, y además, con intereses particulares muy concretos. Terreno abonado para el abuso y la corrupción. La lógica ignorancia de la inmensa mayoría se convierte en factor de rentabilidad y enriquecimiento ilícito de una minoría especuladora con acceso e influencia en los centros de poder. Decisiones sencillas, sobre las que todos tenemos la capacidad (y deberíamos tener la oportunidad) de manifestarnos, quedan camufladas en una maraña inextricable de tecnicismos que las convierten en algo extraño y completamente ajeno al común de los mortales. Los técnicos, a sueldo del poder económico, directo o indirecto (partidos políticos), sustituyen a la voluntad popular. Es un secuestro en toda regla. Legal, pero un secuestro. Evitable.
Los responsables políticos deben traducir el contenido del PGOU a un lenguaje inteligible por la ciudadanía. No es difícil porque su dimensión política se resume en muy pocas preguntas. Máxime teniendo en cuenta la insuperable limitación de nuestro término municipal. ¿Cuántas y cuales zonas verdes queremos? ¿Qué equipamiento público necesitamos y donde lo queremos poner? ¿Cuál el sistema ideal de comunicaciones? ¿Cuántas viviendas podemos construir y en que lugares? ¿Qué altura y características deben tener nuestras edificaciones? En esencia el PGOU consiste en hacer compatible las respuestas a estas preguntas, con el espacio y los recursos disponibles; una vez despejada la incógnita del  tratamiento al problema del vertiginoso crecimiento demográfico (auténtico nudo gordiano de la cuestión).
El Gobierno dispone de una televisión pública que cuesta aproximadamente tres millones de euros al año al contribuyente. Bien podría hacer un breve paréntesis en el interminable publirreportaje de Juan Vivas que tiene por programación, y desarrollar un debate público sobre el PGOU, dando cabida a la mayoría de las opiniones posibles. Sería muy interesante para todos. Precisamente por eso, no lo harán.