Ceuta no puede seguir siendo abandonada

Soy una ciudadana ceutí de adopción y, como tantos otros ciudadanos de esta ciudad, no puedo permanecer callada ante lo que está ocurriendo. Ceuta atraviesa una situación excepcional que no puede calificarse simplemente como una «crisis migratoria». Después de una entrada masiva de personas en una ciudad de aproximadamente 80.000 habitantes, nos encontramos con miles de personas en las calles, numerosos menores en condiciones absolutamente precarias, servicios públicos sometidos a una enorme presión, problemas de seguridad, altercados, suciedad, incertidumbre y una profunda sensación de abandono. Los ciudadanos de Ceuta necesitamos que se nos escuche sin prejuicios ideológicos. No estamos hablando de razas, culturas ni religiones. Estamos hablando de seguridad, de leyes, de fronteras, de menores, de recursos públicos y, sobre todo, de la obligación que tiene el Estado de proteger a sus ciudadanos.

Lo primero que quiero decir es que nadie puede permanecer indiferente ante la situación de los menores que actualmente se encuentran en las calles. Ningún niño debería dormir en un descampado, sin alimentos, sin poder asearse, sin intimidad, sin protección y expuesto a todo tipo de peligros. Pero precisamente por eso debemos preguntarnos qué solución estamos ofreciendo. ¿Ǫué hacemos con los hijos de otros mientras sus madres y sus familias están al otro lado de la frontera esperando desesperadamente su regreso?

¿Por qué no se está trabajando con la máxima rapidez para que aquellos menores cuyo retorno proceda legalmente puedan regresar con sus familias? Tenemos legislación para ello y existe un acuerdo bilateral entre España y Marruecos de 2007 sobre prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y los artículos 192 y siguientes del Reglamento de Extranjería contemplan los procedimientos correspondientes. Si existe un marco legal y además Marruecos manifiesta su disposición a colaborar, ¿qué estamos esperando? Estos menores no pueden permanecer un día más en las calles. Proteger a un menor no significa dejarlo abandonado indefinidamente en territorio español; significa garantizar su seguridad, su dignidad y buscar una solución legal que atienda también a su familia y a su interés superior.

Y aquí aparece una cuestión que resulta difícil de entender para muchos ciudadanos: la rapidez con la que el Estado es capaz de actuar cuando existe voluntad política y la lentitud que aparece ahora cuando se trata de solucionar esta situación. Hemos visto cómo en España se han llevado a cabo procesos de regularización de grandes colectivos y cómo, cuando el Gobierno quiere, determinados trámites administrativos pueden acelerarse de una manera extraordinaria. Entonces, ¿por qué ahora se habla de burocracia, procedimientos interminables y dificultades para facilitar los retornos que legalmente correspondan? ¿Por qué no se puede utilizar esa misma capacidad administrativa para resolver una emergencia que afecta a una ciudad entera? Las leyes pueden modificarse cuando una situación excepcional lo exige y el Gobierno dispone de instrumentos legislativos y ejecutivos suficientes para actuar. Lo que no puede hacerse es utilizar la burocracia como excusa cuando hay miles de personas viviendo en las calles y una ciudad entera esperando una solución.

También tenemos derecho a saber cuál es el plan del Gobierno para todas estas personas a medio y largo plazo. Porque colocar baños y duchas en una zona determinada no es un plan de futuro. Si los centros de acogida de inmigrantes en España están sometidos a una enorme presión, si los recursos disponibles son limitados y si incluso otros Estados miembros de la Unión Europea están reclamando cambios en las políticas migratorias, ¿qué piensa hacer el Gobierno con las miles de personas que permanecen en Ceuta?

¿Dónde van a vivir? ¿Ǫuién va a pagar su alojamiento, su alimentación, su asistencia sanitaria y todos los servicios que necesiten? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y qué ocurrirá si mañana llegan otros miles? No podemos mantener una política basada únicamente en improvisar soluciones después de cada entrada masiva. Si no existen recursos suficientes para atender indefinidamente a miles de personas, hay que reconocerlo y diseñar una política migratoria realista, ordenada y sostenible. España tiene que ayudar a quien realmente lo necesita, pero también tiene que saber cuáles son sus límites y proteger a quienes ya viven aquí.

No podemos hablar de inmigración sin hablar también de seguridad. La vulnerabilidad no puede convertirse en una excusa para incumplir las leyes. Una persona puede ser pobre, estar desesperada o encontrarse en una situación difícil y, al mismo tiempo, tener la obligación de respetar las normas del país en el que se encuentra. La pobreza no da derecho a robar, la necesidad no da derecho a agredir y la situación migratoria no puede utilizarse para justificar comportamientos delictivos. En Ceuta se están produciendo altercados, intimidaciones, robos, agresiones y otros problemas que están generando miedo entre los ciudadanos, y estos hechos deben investigarse y reflejarse en los datos oficiales. No quiero que se generalice sobre todas las personas que han llegado, porque sería injusto; quiero exactamente lo contrario: que se juzgue a cada persona por sus actos. Pero tampoco quiero que se niegue o se minimice aquello que los ciudadanos están viviendo diariamente. Si existen datos del Ministerio del Interior sobre delincuencia, detenciones e investigados, que se publiquen, que se conozcan y que cada ciudadano pueda sacar sus propias conclusiones. No queremos propaganda de ningún lado. Queremos datos, transparencia y seguridad.

También me preocupa enormemente la situación sanitaria y de salubridad que puede producirse cuando miles de personas permanecen durante días o semanas en condiciones precarias, sin instalaciones suficientes y con problemas de higiene. No se trata de señalar a nadie por su origen, sino de reconocer una realidad básica: cuando existe hacinamiento, falta de higiene y ausencia de recursos adecuados, aumenta el riesgo de problemas sanitarios y las autoridades tienen que prevenirlos. Ya se han mencionado en Ceuta enfermedades como la sarna o la tuberculosis y, precisamente por tratarse de una cuestión sanitaria, debe ser abordada con seriedad y con datos, sin alarmismo pero tampoco con silencio. ¿De verdad vamos a esperar a que los problemas se multipliquen para actuar? La prevención sanitaria también forma parte de la obligación de proteger a los ciudadanos y a las propias personas que han llegado.

Y mientras todo esto ocurre, resulta especialmente indignante contemplar determinadas actuaciones del Gobierno. Se califica lo ocurrido como una mera «crisis migratoria», se coloca una barrera flotante que termina rompiéndose y se anuncian 35 millones de euros de dinero público para afrontar la situación. ¿De verdad estas son las respuestas que merecen los ciudadanos de Ceuta? ¿Dónde está la medida contundente que impida que vuelva a suceder? ¿Dónde está la protección de la frontera? ¿Dónde está el mensaje claro a Marruecos de que las fronteras españolas deben ser respetadas? Y mientras los ciudadanos de Ceuta viven una situación excepcional, el presidente del Gobierno aparece disfrutando de sus vacaciones y recomendando canciones de su lista de reproducción. Puede parecer un detalle sin importancia para algunos, pero para quienes están viviendo esta situación resulta profundamente ofensivo. Mientras una ciudad intenta recuperar la normalidad y la Unión Europea reclama reuniones y respuestas, ¿de verdad era ese el mensaje que había que trasladar a los españoles? Un Gobierno no puede estar presente únicamente cuando las circunstancias son cómodas. Gobernar significa estar también cuando llega una emergencia y asumir las responsabilidades que correspondan.

Y si hablamos de responsabilidades, también tenemos que hablar de la posible responsabilidad jurídica de quienes tienen la obligación de actuar. En mi escrito inicial mencioné los artículos 589 y 592 del Código Penal en relación con determinadas conductas vinculadas a la defensa de la integridad territorial y la seguridad del Estado, pero no corresponde a un ciudadano determinar si esos preceptos son aplicables a una situación concreta. Eso corresponde a los órganos judiciales competentes. Lo que sí podemos exigir es que se estudien todas las responsabilidades políticas y jurídicas que puedan existir y que nadie pueda escudarse indefinidamente en la inacción. Porque cuando un ciudadano tiene una responsabilidad y no cumple con ella, se le exigen explicaciones. ¿Por qué debería ser diferente cuando hablamos de quienes gobiernan un país? El Gobierno tiene la obligación de protegernos y de utilizar todos los medios legales a su alcance para garantizar nuestra seguridad.

Quiero mencionar también el ejemplo de un joven ceutí que, según los testimonios que se han difundido, está intentando ayudar a solucionar esta situación mediante el diálogo, la mediación y la educación, llegando incluso a comunicarse con algunos de estos jóvenes en su propio idioma para intentar convencerlos de que regresen. Y, sin embargo, según esos mismos testimonios, ha sufrido agresiones, intimidaciones y situaciones en las que ha temido por su propia vida. ¿Dónde está la protección para este joven? ¿Ǫuién está haciendo por solucionar el problema de manera pacífica lo que debería corresponder a las instituciones? Desde mi punto de vista, este ciudadano ha hecho más en estos días para intentar solucionar el problema mediante el diálogo que muchos responsables que disponen de todos los medios del Estado. Y si realmente existe una amenaza sobre su integridad, las autoridades tienen la obligación de protegerlo. No podemos permitir que los ciudadanos que intentan ayudar sean quienes terminen pagando las consecuencias mientras quienes tienen responsabilidades permanecen al margen.

También quiero destacar la actitud de numerosos vecinos del barrio de El Príncipe. Un barrio que durante años ha estado marcado por graves problemas de inseguridad está demostrando ahora una solidaridad que merece ser reconocida. Vecinos están colaborando para localizar a menores, elaborar listas, conocer dónde se encuentran y ayudarles mientras se intenta encontrar una solución. Esto demuestra que Ceuta no es una ciudad de personas indiferentes. Al contrario: los ciudadanos están intentando responder ante una situación que les supera. Pero una cosa debe quedar muy clara: los ciudadanos pueden ayudar, pero no pueden sustituir al Estado. No corresponde a los vecinos organizar una emergencia de estas dimensiones, localizar menores o asumir responsabilidades que corresponden a las instituciones. Y si son precisamente los ciudadanos quienes están intentando poner orden dentro del caos, algo está fallando en las estructuras que deberían haber actuado desde el primer momento.

Quiero decir también algo que considero importante para evitar cualquier manipulación de este debate: ayudar a una persona inmigrante y exigir una política migratoria controlada no son cosas incompatibles. Yo misma he acogido en mi casa a personas procedentes de otros países que tenían su documentación en regla. Lo hice porque considero que ayudar a una persona que lo necesita es un acto humano. Pero una cosa es acoger voluntariamente a personas concretas que se encuentran en situación regular y otra completamente diferente es pretender que los ciudadanos particulares puedan asumir indefinidamente la responsabilidad de acoger a miles o millones de personas. La mayoría de los españoles no tiene capacidad económica, espacio ni recursos para hacerlo. Y tampoco podemos pretender que el Estado tenga recursos ilimitados cuando nuestros propios sistemas públicos están sometidos a una enorme presión.

Porque mientras se habla constantemente de las necesidades de quienes llegan, también tenemos que hablar de las necesidades de quienes ya están aquí. España tiene una deuda pública enorme y millones de ciudadanos afrontan dificultades económicas, riesgo de pobreza, problemas para acceder a una vivienda, listas de espera sanitarias y dificultades para encontrar un empleo que permita construir un futuro. Nuestros mayores tienen derecho a vivir dignamente, nuestros jóvenes tienen derecho a poder independizarse y nuestros trabajadores tienen derecho a que su esfuerzo les permita vivir. Muchos españoles, independientemente de su origen, se marchan al extranjero después de años de estudio, preparación y esfuerzo porque España no les ofrece las oportunidades que necesitan. Entonces la pregunta es muy sencilla: ¿cuánto puede soportar un país? No podemos mantener una política que ignore los límites económicos y sociales de España mientras nuestros propios ciudadanos sufren cada vez más dificultades.

Y también debemos preguntarnos si determinadas políticas pueden estar generando un efecto llamada. Si una persona que entra irregularmente sabe que puede permanecer durante largos periodos en España, recibir alojamiento, manutención y asistencia y que los procedimientos para devolverla pueden prolongarse durante años, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? No podemos permitir que las mafias que trafican con personas sean quienes decidan quién entra en nuestro país. Tampoco podemos ignorar que no todas las personas que entran irregularmente proceden de países en guerra o de situaciones de extrema pobreza. Marruecos no está actualmente en guerra ni atravesando una hambruna generalizada. Y si muchos de los jóvenes que han llegado tenían una vida, familia o incluso trabajo en Marruecos, debemos preguntarnos por qué han decidido venir y qué factores están impulsando estas entradas. Incluso la exhibición de teléfonos móviles de alta gama por parte de algunos jóvenes, como los iPhone que se han mencionado estos días, demuestra que la realidad es mucho más compleja que la imagen simplificada de que absolutamente todos los que llegan son personas sin ningún recurso. No podemos construir una política migratoria basándonos únicamente en una fotografía de vulnerabilidad.

Por supuesto que debemos ayudar a quien realmente lo necesita. Por supuesto que debemos proteger a los menores. Por supuesto que debemos ofrecer asistencia a quien se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Pero también debemos exigir respeto. Respeto por nuestras calles, por nuestras viviendas, por nuestros comercios, por nuestros servicios públicos y por las personas que viven aquí. La vulnerabilidad no puede convertirse en una carta blanca para ensuciar, robar, intimidar, agredir o cometer delitos. Y exactamente igual que exigimos respeto a quienes llegan, debemos exigir responsabilidad a quienes gobiernan. Porque no podemos permitir que se utilice el racismo como una cortina de humo para evitar hablar de seguridad, fronteras, delincuencia, recursos públicos o cumplimiento de la ley. Este no es un problema de razas. No es una guerra entre culturas.

No es una guerra entre ciudadanos de Ceuta y ciudadanos marroquíes. Es una cuestión de soberanía, seguridad, inmigración, cumplimiento de las leyes y responsabilidad política.

Por todo ello, considero imprescindible que España refuerce de manera permanente la frontera de Ceuta, dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios y utilice todos los mecanismos jurídicos y diplomáticos disponibles para impedir que vuelva a producirse una entrada masiva como la que hemos vivido. Es necesario exigir a Marruecos su colaboración, utilizar los acuerdos existentes y agilizar los procedimientos de retorno cuando legalmente proceda. También es necesario perseguir a las mafias que trafican con personas, garantizar que los menores estén protegidos mientras se resuelve su situación y evitar que la permanencia indefinida en España se convierta en la consecuencia automática de una entrada irregular. España tiene derecho a controlar sus fronteras. Ceuta tiene derecho a estar protegida. Y los ciudadanos tenemos derecho a exigir que nuestras leyes se cumplan.

Pero también creo que los ciudadanos tenemos que reaccionar. Los ceutíes no podemos permanecer callados esperando que otros solucionen nuestros problemas. Tenemos que organizarnos pacíficamente, informarnos, compartir datos oficiales, testimonios y situaciones verificables y exigir públicamente respuestas. Por eso considero que sería positivo crear un espacio ciudadano en redes sociales bajo un nombre como «Todos somos Ceuta», un canal que permita dar voz a los ciudadanos, mostrar lo que está ocurriendo y defender la seguridad y la convivencia de nuestra ciudad sin promover el odio ni enfrentamientos entre comunidades. No se trata de atacar a los inmigrantes ni de señalar a personas por su origen. Se trata de que Ceuta deje de sentirse sola y de que los ciudadanos comprendamos que también tenemos derecho a defender nuestro futuro.

Ceuta no pide privilegios. Ceuta pide protección. No pedimos que se abandone a nadie, pedimos que tampoco se abandone a quienes viven aquí. No pedimos que se deje de ayudar a las personas vulnerables, pedimos que la ayuda sea ordenada, legal, responsable y sostenible. No pedimos que se ignore a los menores, pedimos que se les proteja de verdad y que se busque cuanto antes una solución familiar y legal para aquellos cuyo retorno proceda. Y, sobre todo, pedimos que se deje de tratar a los ciudadanos como si fueran incapaces de comprender lo que está ocurriendo delante de sus propios ojos. Tenemos derecho a preguntar, tenemos derecho a exigir respuestas y tenemos derecho a vivir seguros. El Gobierno tiene la obligación de protegernos. Esa no es una concesión que pueda hacer cuando le convenga. Es su responsabilidad.

Ceuta está llorando. Ojalá algún día podamos decir que, al menos, no lloró sola.

María Luisa Villar Valpuesta