El partido socialista cuestionó al Gobierno de la Ciudad que lugar están ocupando en la agenda política de Ceuta los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 promovidos por la Organización de las Naciones Unidas. El portavoz del PSOE, Manuel Hernández, lamentó que después de elaborar un estudio entre 100 ciudades españolas de más de 80.000 habitantes sobre la acogida de estos objetivos, Ceuta “suspende” en muchos aspectos como la igualdad de género, trabajo digno, crecimiento económico o como ciudad sostenible, entre otros.
Hernández cree positivo que sea la Ciudad la que promociones el cumplimiento de estos objetivos entre todos los ámbitos, con proyectos que fomenten su realización. El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Fernando Ramos, agradeció que el portavoz lleve este punto a la sesión de control del Pleno, ya que así se visibiliza y se informa sobre este proyecto a largo plazo.
Ramos hizo una breve exposición de los 17 objetivos que se incluyen y pese a que no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernes lo acepten. “Es el objetivo, el de llevar este plan en marcha”, uniéndose Ceuta a este compromiso global. “No creo que no haya nadie de acuerdo con eso”.
Pese a ese compromiso, Hernández le insistió en que sus respuesta no define el plan de actuación para acometerlo.
El PSOE lleva al Pleno la actualización y adaptación de las ordenanzas
Por tercera ocasión, recriminó su portavoz, Manuel Hernández, el PSOE lleva ante el Pleno la situación en la que se encuentran las ordenanzas municipales en cuanto a su adaptación y actualización con el cambio de normativas de carácter general. Recordó que en abril de 2016 fue la primera vez que se abordó este punto en el Pleno y después se volvió a discutir en septiembre de ese mismo año.
La respuesta de aquel entonces, recupera Hernández, era que se estaba trabajando en ellos, pero empezó a enumerar reglamentos como el de taxis, que data de 2006; el de vivienda, también de 2006; el del IMIS, de 2015; el de guardería, de 2001 y el de mercados de 1998 o el de sanidad mortuoria, que se remonta a 1978, entre otros. El portavoz asegura que esta situación “atenta” contra la seguridad jurídica de las personas.
Fue la consejera de Economía, Haciendas, Administración Pública y Empleo quien confesó que le “costó entender” la interpelación, asegurando que la actualización de la normativa es un trabajo que se desarrolla desde hace tiempo y atiende a las necesidades de cada texto. Insistió que sólo se modifican aquellos textos que lo necesiten, por lo que justifica que no todos las ordenanzas deben estar sujetas a cambios por muchos años que tengan. “Cada consejería, en base a las necesidades que tienen, adaptarían la normativa a la realidad social jurídica de la ciudad”, citó Chandiramani.