El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que un total de diez comunidades autónomas "siguen aún sin volver a la jornada laboral de 35 horas semanales" a pesar de haber transcurrido, dicen, más de dos años desde que el Gobierno permitiese a las comunidades autónomas recuperar este derecho laboral, perdido en 2012.
En el caso de Ceuta y Melilla, al ser territorios gestionado por el Ingesa, el incumplimiento "es aún más flagrante" puesto que la jornada de 35 horas "nunca estuvo vigente". Algo que el sindicato considera que las convierte en zonas "discriminadas" por la administración, en comparación con otras regiones.
Subrayan, asimismo, que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas que dependen de los servicios de salud de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia "sufren todavía el recorte impuesto hace ocho años con motivo de la crisis económica" y deben trabajar 37,5 horas a la semana. En el caso de las ciudades autónomas, denuncian que el Ingesa nunca reconoció este derecho laboral a los profesionales de Ceuta y Melilla. Un motivo de peso para que la Secretaría Autonómica en Ceuta exija tanto al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria como al Ministerio de Sanidad, del cual depende directamente la sanidad pública asistencial, que "priorice el establecimiento de las 35 horas semanales".
“Es totalmente injustificable que hayan transcurrido ya más de dos años desde que los distintos gobiernos autonómicos se comprometieron a recuperar este importante derecho laboral sustraído durante los años de la crisis y todavía haya diez comunidades autónomas además de Ceuta y Melilla que sigan mirando hacia otro lado y no hayan dado respuesta a una justa y lógica demanda de sus trabajadores, máxime en momentos de especial sufrimiento laboral y pleno esfuerzo de los profesionales para garantizar la atención sanitaria y cuidados a los pacientes y ciudadanos”, afirma el órgano sindical.
La vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales, destaca SATSE, conlleva una "generación de empleo y mejora la disponibilidad de los profesionales para atender a los pacientes". Recuerdan que la ampliación de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, en 2012, se justificó como una necesidad inevitable dada la grave crisis económica que se vivía en aquel momento pero ocho años después "no tiene justificación alguna mantener una medida injusta y discriminatoria" que, además, "dificulta gravemente la conciliación laboral y personal" de los profesionales afectados.
Por ello, el Sindicato de Enfermería anuncia que seguirá exigiendo en las diferentes mesas y órganos de negociación de las diez comunidades autónomas afectadas además de a los de Ceuta y Melilla que "se propicie el cambio normativo necesario para que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas no sigan viendo minusvalorado un trabajo, esfuerzo y dedicación que está siendo mucho mayor y más sacrificado durante todos los meses de pandemia de la COVID-19".
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