Ceuta aparece así como un punto receptor de estos menores, lo que deriva en la masificación del único centro para acogerlos, La Esperanza, que quiere ser cerrado por el Ayuntamiento este mismo año. Los graves problemas de saturación, que se producen en las ciudades de Ceuta y Melilla por la llegada de estos MENA, son reflejados en la memoria. También lo son para lanzar una crítica hacia la gestión del Ministerio de Educación. “En Ceuta se ha intentado remediar la ausencia de escolarización de menores a los que se exigía previo empadronamiento por lo que hubo que dirigirse al director del ME para recordar las obligaciones de la administración de proporcionar a los menores la asistencia adecuada en materia de educación”, advierte.
La presión de los MENA incide también en el volumen de diligencias que se han practicado, por ejemplo, para determinar su edad. En el conjunto de España se han incoado un total de 2.508 diligencias preprocesales dirigidas a determinar la edad de ciudadanos extranjeros, lo que supone un descenso del 21,57 por ciento respecto a 2009, aunque se ha decretado la minoría de edad en 2.134 ocasiones, es decir, un 55,2 por ciento más que en el año anterior. En el caso de Ceuta se destaca que durante el año 2010 se incoaron el mayor número de diligencias de determinación de edad junto con Melilla (18,74 por 100), más que en Madrid o Barcelona, por ejemplo.
Además, en el año 2010, se han incoado 294 procedimientos de repatriación de menores no acompañados, de los que casi un 73 por ciento se han abierto en Málaga, Cádiz y Granada, aunque doce son los que han superado la fase de instrucción sobre los que ha tenido que informar el Ministerio Fiscal pronunciándose favorable al reagrupamiento familiar en siete casos.
El documento recoge prácticas “desfasadas” sobre inmigración
Según la memoria de la Fiscalía, se ha podido constatar que en algunos sitios -concretamente Ceuta, Valladolid y Palma de Mallorca- se han estado empleando unos modelos desfasados en materia de inmigración. La incidencia surge tras la entrada en vigor de la reforma de 2009. Una reforma que establecía que el tiempo máximo de privación de libertad al que podían ser sometidos los extranjeros afectados por el expediente de expulsión era de 60 días. Ese plazo suele operar como límite máximo, ya que la regla básica es que el internamiento se mantenga por el tiempo imprescindible para los fines del expediente. Sin embargo, los autos analizados por la Fiscalía reflejan diversidad de criterios. Por ejemplo, refleja que algunos jueces fijan ese plazo de forma casi automática o incluso que fijan un plazo inicial de 30 días que luego se prorroga por otros treinta. El problema en Ceuta es que se ha estado fijando un plazo de internamiento de 40 días por el empleo de modelos “desfasados”. Se utilizaba una legislación derogada y eso provocaba que cuando llegaban los 40 días y no se había materializado la expulsión se quería prorrogar el internamiento por 20 días hasta llegar a los 60 previsto por la reforma. Los fiscales se han estado oponiendo a esta práctica que perjudica al extranjero.
Inmigración
El delito de apoyo o ayuda a la entrada ilegal en territorio nacional han disminuido "notablemente" así como el flujo migratorio hacia España debido a la crisis económica. El número de inmigrantes llegados por vía marítima ha bajado un 50,1 por ciento y han disminuido los delitos de favorecimiento de la inmigración clandestina, aunque en el caso de la inmigración por vía marítima.
CIEs
Hay preocupación" generalizada por que estos centros no disponen de "las instalaciones más adecuadas para alojar a delincuentes penados" a los que se haya sustituido la pena de prisión por la expulsión.
Cádiz y ceuta, espacio para el narcotráfico
277 millones de euros de hachís intervenidos
La memoria anual de la Fiscalía General del Estado destaca que en cuanto a los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), las aprehensiones realizadas en la provincia de Cádiz y en Ceuta representan un porcentaje muy alto respecto del total nacional, calculándose que el volumen de negocio en este territorio, atendiéndose a los valores del mercado negro de hachís, asciende a más de 277 millones de euros. Por el contrario, se ha producido un importante descenso en las diligencias incoadas por tráfico de sustancias como la heroína y la cocaína, aunque la Fiscalía Provincial informa de un incremento en el consumo de esta última sustancia, como evidencia que se haya incautado el triple que en 2009.
Inmigración clandestina
Ceuta, con el mayor número de absoluciones
La mayor parte de las sentencias absolutorias han sido dictadas por la Sección de la Audiencia Provincial en Ceuta respecto de los acusados que portaban en sus vehículos a personas que pretendían entrar ilegalmente en España, valiéndose de documentos falsos, los cuales eran presentados por él o por el acusado a la Policía en el control de entrada. Las sentencia hacen referencias a importantes sospechas sobre el conocimiento por parte del acusado de la falsedad de los documentos y consideran insuficientemente probado ese extremo. Por tanto, no queda destruida la presunción de inocencia y en ese tipo de casos se debe dictar sentencia absolutoria, como hace la Audiencia.
Ausencia lugar de custodia de menores
No hay espacios adecuados ni calabozos
La Fiscalía afirma en el documento que en lugares como Ceuta e incluso Salamanca “inquieta mucho la ausencia de espacios adecuados o calabozos para custodia de los menores mientras permanecen detenidos”. En sitios como Cádiz si cuentan con este tipo de instalaciones, aunque la Fiscalía advierte de que las mismas no poseen las condiciones mínimas de adecuación. A ello se suma que la ciudad autónoma forma parte de la larga lista de lugares en los que no existe el recurso de los grupos educativos. Sin embargo, dentro de las medidas de medio abierto una de las más adecuadas y demandadas por las Fiscalías, a fin de extraer al menor del entorno conflictivo, resultan ser los grupos educativos.
De régimen semiabierto a cerrado
Algunos prefieren Los Rosales a Punta Blanca
Uno de los datos más curiosos de la memoria de 2011 que ayer presentó la Fiscalía es que se recoge que en sitios como Ceuta, Cádiz y Valencia hay casos de menores que prefieren un centro penitenciario porque en él no tienen obligaciones. Según el informe, las modificaciones de régimen semiabierto a cerrado, o la suspensión de actividades fuera del centro, son cuestiones excepciones y aisladas. A pesar de ello, la mayoría de estos casos excepcionales se producen a instancia del propio interno y se da con más frecuencia en los citados lugares, como la ciudad autónoma. Se trata de menores que prefieren un centro donde no estén sometidos a obligación alguna como acudir a clases o realizar cierto tipo de talleres.
