Las consejeras de Hacienda de Ceuta y Melilla, Kissy Chandiramani y Dunia Al Mansouri, han remitido una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para solicitarle el abaratamiento del transporte de mercancías en ambas ciudades, medida que fue aprobada en 2017.
Las titulares de ambas consejerías se ponen a disposición del Gobierno para colaborar en la implantación de esa bonificación y reclaman que se agilice la redacción del Real Decreto que regule el procedimiento para que la medida entre en vigor lo antes posible.
Tal y como se recoge en dicha carta, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, Chandiramani y Al Mansouri recuerdan los condicionantes estructurales que afectan a Ceuta y Melilla, tales como la escasez de superficie y recursos básicos, el aislamiento de la Península o la situación fronteriza.
Todo ello dificulta el desarrollo de la actividad económica y justifica, junto con el principio constitucional de solidaridad interterritorial, “una especial presencia del conjunto de administraciones públicas en ambas ciudades o la existencia de un Régimen Fiscal Especial, entre otros elementos, para contrarrestar los efectos que los referidos condicionantes producen en la calidad de vida de la ciudadanía , y en el desarrollo del tejido productivo local”, explican.
Chandiramani y Al Mansouri indican en la misiva que en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 se aprobó, como disposición adicional centésima vigésima novena, punto 5, establecer “con vigencia indefinida, un sistema de compensaciones destinado a abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Ceuta, Melilla y la Península, así como el efectuado entre dichas ciudades autónomas y otros territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre espacio económico europeo”.
En aquel momento se destacó que el porcentaje de bonificación sería de hasta el 50 por 100 de los costes subvencionables, en los términos y condiciones y con el procedimiento que se establezca por el Gobierno mediante Real Decreto.
Pues bien, a fecha actual no se ha producido el desarrollo normativo que permite la entrada en vigor de la medida. En los Planes Integrales de desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla, aprobados por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre, se incluía como medida la aprobación de un Real Decreto, antes de final de 2022, para establecer “un sistema de compensaciones que permita abaratar el coste efectivo del transporte de mercancías entre la ciudad y la Península que incluiría compensaciones de hasta el 50% para el transporte de los productos originarios o transformados en Melilla o Ceuta; las materias primas y productos intermedios necesarios para la producción de los productos originarios o transformados en ambas ciudades; la mercancía en stock proveniente de importaciones destinadas al consumo realizadas por pymes sujetas a la venta al por menor”, exponen las consejeras.
La referida medida contemplaba, igualmente, “una compensación sobre el flete respectivo tipo de hasta el 50% para el transporte marítimo o aéreo de mercancías peligrosas con origen o destino Ceuta y Melilla y del 50% sobre el flete respectivo tipo para el transporte marítimo o aéreo de residuos originarios de Ceuta y Melilla, para ser procesados o reciclados en la Península”.
Ambas recuerdan a la ministra que la medida también podría ser eficaz para contribuir a contener el incremento generalizado de precios que se experimenta en ambas ciudades, como en el conjunto de España y Europa. “Nos ponemos a disposición para colaborar en la implantación de la bonificación al transporte de mercancías en Ceuta y Melilla aprobada en 2017, y solicitamos se agilice la redacción del Real Decreto que regule el procedimiento habilitante para que la medida pudiese entrar en vigor lo antes posible”, recalcan.
El frente común de Ceuta y Melilla también se dio en el ámbito económico y fiscal, ya que el pasado viernes 30 de diciembre las consejeras Chandiramani y Al-Mansouri remitieron una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación al RD-Ley 20/2022 de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.
Ambas consejeras han solicitado que se trabaje en evitar el perjuicio que las medidas aprobadas, que inciden directamente en la variación de los tipos del IVA, causan en los ceutíes.
En el preámbulo de dicha norma se justifica una modificación de tipos del IVA que no tendrá incidencia en las dos ciudades autónomas, teniendo en cuenta que se tributa con IPSI, cuya norma de cobertura es la Ley 8/1991, que habilita a establecer los tipos que cada ciudad estime pero siempre dentro del umbral del 0, 5 y el 10%.
Esto “imposibilita” que las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación tengan incidencia en Ceuta y Melilla, dado que el Ejecutivo central “ha optado por la modificación de tipos en lugar de declarar transitoriamente la exención de dichos artículos”.
“El resultado de la aplicación de dicha modificación es que en Ceuta y Melilla estos artículos tributarán por IPSI más de lo que abonarían por IVA en el resto del territorio nacional”, exponen las consejeras. Las titulares de Hacienda solicitan la modificación de la Ley 8/1991 de manera que el tipo impositivo del IPSI nunca pueda superar el 50% del tipo aprobado en el IVA. En concreto, solicitan una modificación del artículo 18, el relativo al tipo de gravamen, de la citada ley.
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