Los gobiernos de Ceuta y Melilla marchan unidos en la defensa de una auténtica barbaridad jurídica, un disparate que asoma mediáticamente en un momento, además, demasiado delicado ante las defensas de posturas extremistas que llevan como bandera algunas formaciones políticas.
Pedir a Madrid un cambio de todo un Código Civil poniendo como argumento las ‘especificidades’ de Ceuta y Melilla y el acceso a la nacionalidad por parte de extranjeros no es solo temerario, sino que abre un debate peligroso en cuanto a las intenciones pretendidas por sus dos gobiernos para alterar una norma nacional, buscando así marcar diferencias legales en base al territorio. ¿Se buscarán esas mismas diferencias en el Código Penal también, argumentando, por ejemplo, el mayor índice de determinados delitos en Ceuta y Melilla?
El anuncio es el parto que llevaba gestándose desde hace meses, manejando estadísticas sanitarias a su antojo y dando por hecho que todas las marroquíes que dan a luz en Ceuta y Melilla lo hacen con la finalidad de que sus descendientes obtengan la nacionalidad de manera más fácil, obviando la búsqueda, sin más, de una atención sanitaria con mejores recursos.
La Asamblea de Ceuta debatirá, a iniciativa del
PP, una barbaridad jurídica carente de manifiesto, reclamando que se modifique todo un Código Civil en base a unas tesis que no se sostienen.
Con la norma actual en vigor, el niño nacido de padres extranjeros en Ceuta tiene que demostrar un año de residencia legal y continuada. Algo que, evidentemente, no puede demostrar un niño en solitario, sino que esa residencia debería estar ejercida también por sus padres. ¿A quién compete que esa residencia se dé y sea no solo legal sino además continuada en ese periodo de tiempo? A los propios gobiernos locales que deben no solo regular y controlar el Padrón para evitar situaciones anómalas e irregulares, sino también vigilar que esas residencias permanentes exigidas sean reales.
Ahí está la clave y el origen de un debate que no solo genera equívocos entre la población sino que además alimenta unos pensamientos que no casan con la realidad. Legalmente y si el trabajo se hace correctamente a pie de terreno, demostrar las residencias legales y continuadas no es tarea sencilla. Si bien es cierto que los partos de marroquíes que se registran son abundantes en ambas ciudades, también lo es que la obtención de la nacionalidad es compleja y que, de hecho, resulta una auténtica odisea para quienes quieren acceder a ella por residencia.
A Madrid: Los dos gobiernos irán de la mano en la defensa de una medida que sorprende
Los controles policiales y municipales deben ser extremos para garantizar que las residencias son legales. Es ahí donde deben reforzarse las actuaciones, pero el debate político se antoja contrario. La casa se construye por el tejado y se hace rogando a Madrid que haga diferencias legales en territorios españoles simplemente por el lugar en el que están situados. Las alarmas que sustentan la petición política que pretende trasladarse a Madrid pueden torcerse en un camino en el que cualquier otro gobierno puede hacer uso de las particularidades de sus tierras respectivas para instar a que se cambien las leyes y normas de rango nacional. Es decir, se está reclamando que todo un Código Civil se adapte a los requerimientos de dos ciudades hermanas. Todo un rizo en el que las alarmas y las barbaridades jurídicas estrechan lazos pariendo discursos falsos.