Aunque el Gobierno central no permite al
Gobierno de Ceuta participar en las reuniones de los ministerios de Educación y Sanidad con todas las autonomías en las que, como la del próximo miércoles, se decide cómo organizar el siguiente curso, la Consejería de Educación que dirige Carlos Rontomé tiene la intención de hacer “todo el esfuerzo que sea preciso” para que en la ciudad se recupere desde septiembre la jornada escolar a jornada completa, una decisión que “en cualquier caso competerá al
Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP)”.
“El verano pasado la Ciudad ya opinó que desde el punto de vista de Salud Pública”, ha recordado Rontomé en declaraciones a El Faro, “hubieran sido preferibles otros modelos al del doble turno matutino de sólo tres horas de clases implantado este año académico, entre otras razones para evitar la formación de cuatro entradas y salidas diarias a los centros y por disponer de sólo una hora para la limpieza y desinfección de las aulas, pero se trata de una decisión que adopta el Ministerio”.
A partir de ahí, la Ciudad ha dedicado, sin competencias, más de seis millones de euros a contribuir a hacer de los colegios e institutos “espacios seguros” frente a la
COVID-19, como finalmente se han revelado, ya que sólo un centro tuvo que ser cerrado durante una semana en la peor fase de la segunda ola de la pandemia. El Gobierno local dedicó íntegro su Plan de Empleo a la incorporación de 18 DUE, 80 auxiliares de enfermería y 42 cuidadores a los centros (3,2 millones de euros) y contrató a Cruz Roja para prestar temporalmente esas funciones al principio de curso por algo más de 306.000 euros.
Otro millón se aportó en concepto de ayudas para el desarrollo de actividades lectivas no presenciales favoreciendo la adquisición de equipos informáticos y casi 400.000 euros, para la compra y reparto de mascarillas, hidrogeles y otros materiales de prevención de contagios.
Además, la Consejería de Educación ha dedicado 141.633 euros al refuerzo de la limpieza de institutos y colegios concertados, competencia ajena, y casi 550.000 para incrementar los servicios en los centros públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial y a la desinfección de aulas con nebulizadores.
Tras la declaración del primer estado de alarma la Ciudad se hizo cargo también de compensar al alumnado que era beneficiario de comedores escolares con casi 652.000 euros y Rontomé ha reactivado el procedimiento para adquirir, con 585.000 euros, medidores de CO2 y purificadores de aire para las aulas , una recomendación expresa de los expertos sanitarios.
Presencialidad hasta los 14 años, prioridad para el Ministerio
El Gobierno central debatirá la próxima semana con las autonomías un documento en el que plantea que, “al igual que en el curso 2020-2021, es necesario garantizar la presencialidad al menos hasta los 14 años (2º de la ESO), dada la menor independencia a esas edades”, aunque advierte que “se hace necesario reforzar la presencialidad también en cursos superiores, por motivos de rendimiento académico, bienestar emocional y equidad. Para ello, será necesario realizar un refuerzo en estas etapas superiores (3º y 4º de la ESO y Bachillerato y Formación Profesional”.
Según prevé, “los escenarios se revisarán a lo largo del primer trimestre del curso, ajustándose a la baja o haciéndose más exigentes, según avance la vacunación del alumnado y según la valoración que hagan de la evolución epidemiológica de la pandemia los órganos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.
Los centros educativos se mantendrán abiertos “durante todo el curso escolar” asegurando los servicios de comedor, así como el apoyo lectivo a menores con necesidad específica de apoyo educativo, o con dificultades académicas, o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando “la situación epidemiológica lo permita”. Cada centro debe tener un Plan de Inicio de Curso que incluya Planes de Contingencia.
‘Equipos COVID’ con Dirección, familias, servicios de limpieza y alumnado
Los ministerios de Educación y Sanidad van a “recomendar” a los centros educativos que “cuenten con un equipo de trabajo para salud y COVID-19 formado por la Dirección del centro, Secretaría, uno o varios miembros del equipo docente, un miembro del servicio de limpieza y representación de las familias y el alumnado” para garantizar “el cumplimiento de los principios básicos frente a la COVID-19, que toda la comunidad educativa está informada de su implementación y que trabaje en la programación de acciones de promoción de la salud para paliar el impacto de la pandemia en la infancia y adolescencia”.
El objetivo del Gobierno central pasa por “garantizar la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2”.
En el nivel de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad “solamente a partir de 3º de la ESO”.