Ceuta y su deuda con los animales: una ley ignorada

En Ceuta, la Ley de Protección Animal parece existir solo en el papel. Mientras las instituciones miran hacia otro lado, son los ciudadanos, especialmente los cuidadores de colonias felinas, quienes cargan con el peso de una responsabilidad que no les corresponde. Personas anónimas que, con recursos propios y sin apoyo institucional, dedican su tiempo, dinero y energía a alimentar y cuidar a los gatos de la calle. Un trabajo silencioso, generoso, pero profundamente injusto si no se acompaña del respaldo municipal que exige la ley.

La situación es crítica. Las camadas indeseadas se multiplican, provocando una superpoblación de gatos en muchos barrios, todo ello a pesar de que los trabajadores de la empresa Tragsatec están haciendo un buen trabajo dentro de sus posibilidades, haciendo todo lo que pueden para que la campaña CER que está en marcha vaya lo mejor posible.

A esto se suma el drama de los abandonos, tanto de perros como de gatos —muchos incluso recién nacidos—, arrojados a su suerte sin la menor compasión. Las asociaciones protectoras y los colectivos animalistas están completamente desbordados. No hay espacio suficiente, ni recursos económicos, ni manos que den abasto ante tanto abandono y desinterés institucional.

Resulta incomprensible que el Ayuntamiento de Ceuta no actúe con firmeza. Que no se impongan sanciones ejemplares a quienes abandonan animales o incumplen la ley. Que no se respalde como se merecen a quienes, de forma altruista, cuidan de colonias y salvan vidas.

La Ley de Bienestar Animal no es una sugerencia, es una obligación. Y el Ayuntamiento tiene la responsabilidad directa de velar por su cumplimiento. Exigimos que se empiece a multar a quienes abandonan animales, y que se apoye con mas presupuesto económico y con personal del PLAN DE EMPLEO a las protectoras y cuidadores de colonias.

No se puede seguir ignorando esta realidad. Porque detrás de cada gato hambriento o de cada cachorro abandonado, hay una cadena de negligencias y una administración que, al no actuar, se convierte en cómplice del sufrimiento animal al no actuar como debiera y con contundencia.