El Gobierno autonómico llegará hasta sus últimas consecuencias en la defensa de su postura de autonomía a la hora de no aplicarse en Ceuta la prohibición de no poder acudir al crédito bancario hasta finales de 2011. Con los mismos argumentos que ya publicamos en nuestra edición de ayer, el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, explicó que la particular estructura económico-fiscal de nuestra ciudad se recoge en el estatuto de autonomía y que una ley orgánica como es el caso no puede verse modificado por un decreto ley que es una norma de rango inferior.
Argumentó que todas estas tesis están defendidas por los respectivos informes jurídicos y económicos que se han solicitado a los técnicos de la Ciudad Autónoma.
Desde su punto de vista, el Gobierno quiere ser tratado como una autonomía más que tiene voz y voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además anunció el consejero de Hacienda que esta postura se va a consensuar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que comparte los mismos criterios que el nuestro.
Por otro lado, el ejecutivo presidido por Juan Vivas comparte los principios que figuran en el artículo 14 del Real Decreto y donde se determina a donde debe ir a parar el dinero que se ahorrará con todas estas medidas.
El mencionado artículo 14 establece que, en primer lugar, se debe enjugar el déficit que tengan los Ayuntamientos en sus correspondientes liquidaciones de presupuestos, un segundo apartado se destinaría al endeudamiento y el tercero en inversión pública.
Sobre este particular explicó que durante los últimos años el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha finalizado con superavit sus liquidaciones presupuestarias y la mejor prueba se tuvo hace un mes en el pleno de abril cuando se presentó la liquidación del presupuesto de 2009.
Reflejó el consejero de Hacienda que la política marcada por el presidente Vivas refleja, por encima de todo, la apuesta por continuar con el equilibrio financiero y que para el próximo año no se recurrirá al déficit público aunque el mismo esté permitido.
Sobre la hipótesis de que al final se debiera aceptar la tesis de no recurrir al crédito o a las operaciones de tesorería durante el año 2011, sentenció Márquez que sería una situación peligrosa para las cuentas de la Ciudad.
Las empresas municipales están excluídas El Gobierno autonómico no irá más allá de lo especificado en el decreto ley y según se deduce del mismo las empresas del sector público, es decir, las sociedes municipales no se verán afectadas por la rebaja en los sueldos de sus trabajadores. No se entrará en otras cuestiones como ha propuesto el Gobierno de Extremadura.
En cuanto a otra de las situaciones que también está siendo muy cuestionada durante estos días como es si alcanza igualmente esta rebaja a la indemnización por residencia, el primer criterio que defiende el Gobierno presidido por Juan Vivas es que la indemnización por residencia no es un concepto retributivo.
Así lo establece el informe que tiene el ejecutivo y firmado por el interventor de Fondos de la Ciudad. En este sentido se defenderá los intereses de los empleados públicos hasta sus últimas consecuencias.