La Unión Europea (UE) prevé acabar en julio con las ventajas fiscales que concede el marco normativo vigente a la entrada de productos no comunitarios por un importe inferior a 22 euros, que permiten quedar exentos de aranceles a millones de compras que la ciudadanía tramita a través de Internet con gigantes como AliExpress. La transposición de parte de la Directiva 2017/2455 generará, a su vez, la oportunidad para que Ceuta (y Melilla) se suban de verdad al tren del comercio electrónico para que sus ciudadanos puedan comprar por la Red como si vivieran en la península, algo imposible hoy en día, y para que los empresarios locales puedan vender sin sobrecostes que convierten de facto en inviable su actividad económica.
Según el gerente de Servicios Tributarios, Enrique Reyes, “la modificación de la Ley del IVA se debe a la incorporación al derecho interno español de sendas Directivas europeas que adaptarán ese impuesto a la nueva realidad del comercio electrónico y global y desde las dos ciudades autónomas consideramos necesario adaptar nuestro IPSI a esta realidad para no convertirnos en dos islas en lo que al comercio electrónico se refiere y poner en valor los procedimientos simplificados que se proponen”.
Traducido, las modificaciones normativas que los Gobiernos de Ceuta y Melilla han pedido al Ministerio de Hacienda permitirían, por un lado, “que un ceutí pueda comprar en Internet como si residiera en Algeciras o cualquier otro punto de la península, sin preocuparse de nada más que de pagar el importe y recibir el envío”. Ni DUAs ni paseos hasta el ‘Ceuta Center’ ni restricciones a los envíos a la España norteafricana.
¿Cómo? La idea es “regular un régimen especial de tributación para las importaciones de bienes por medio de un canal digital y cuyo valor intrínseco no exceda del importe que se establezca en la legislación común del IVA a efectos del denominado ‘Régimen de Importación’ que facilite la gestión y control de dichas operaciones, garantizando su recaudación y la eficiencia del sistema”.
La Ciudad ganará en ingresos, pues facturará IPSI por esos envíos de importe reducido, pero ello no redundará en obligaciones para el comprador, sino para el vendedor, ya que se quiere “trasladar la obligación tributaria principal al empresario o profesional vendedor de los bienes importados, quien deberá presentar, por sí mismo o por medio de un intermediario, las mercancías objeto de importación ante las autoridades aduaneras y aportar toda la documentación que, en su caso, sea necesaria para despachar los mismos con cargo al régimen que, en cada caso, corresponda, con el objeto de ahorrar a los destinatarios las cargas administrativas que hasta ahora venían soportando al llegar las compras efectuadas por Internet, que de hecho sacaban a Ceuta y Melilla de este circuito comercial internacional”.
La propuesta que la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y su homóloga melillense han planteado al Ministerio también tendrá ventajas en sentido inverso, para quienes aspiran a vender por Internet desde Ceuta al resto de España y la UE, a quienes se pondría “en condiciones de igualdad eliminando la necesidad de nombrar representante en dichos territorios, obligación vigente en la actualidad que redunda en una elevación de costes económicos y administrativos que provoca un efecto disuasorio sobre del empresario caballa para el ejercicio de este tipo de comercio”.
Según Reyes, “lo que se ha solicitado es que el empresario local no tenga la necesidad de nombrar representante en el ‘territorio IVA’ para poder vender hacia la Península y el resto de la Unión Aduanera, con lo que se ahorrará grandes gastos y problemas burocráticos, lo que permitiría a los comerciantes de Ceuta y Melilla competir en este sector en condiciones de igualdad, dado que podrían acogerse al nuevo sistema simplificado de gestión para las exportaciones desde las ciudades autónomas”.
Burocracia
La carga administrativa, sobre el vendedor.
La Ciudad ha propuesto al Ministerio un nuevo sistema especial de importación denominado ‘Régimen Especial aplicable a las operaciones derivadas del comercio electrónico’ que trasladaría la obligación tributaria principal al empresario o profesional vendedor de los bienes importados, quien debería presentar, por sí mismo o por medio de un intermediario, las mercancías objeto de importación ante las autoridades aduaneras y aportar toda la documentación que, en su caso, sea necesaria para despachar los mismos.
Digital
Balance mensual de operaciones.
Dicho régimen especial , que Servicios Tributarios coordina con la Hacienda estatal en pruebas, permitiría que el empresario o profesional vendedor pueda ingresar, mediante una única declaración-liquidación presentada por vía electrónica ante la Ciudad, el IPSI devengado por todas sus operaciones efectuadas cada mes natural a las que se aplica, en cada caso, el régimen especial y sin perjuicio de su derecho a trasladar al adquirente de los bienes, con arreglo a las normas de Derecho Común, el importe del Impuesto por aquél satisfecho con ocasión de su importación, aunque no se prevé un encarecimiento global, sino “lo contrario”.
El organismo autónomo Servicios Tributarios sigue trabajando, al margen de la propuesta de modificación legal planteada por la consejera de Hacienda al Ministerio, en negociaciones para llegar a acuerdos con los operadores de referencia de transporte, empezando por Correos, para conseguir un abaratamiento general de los costes de envío de paquetes, algo que posteriormente se intentaría extender a otras empresas del sector. Además, el OAST está dispuesto a tratar con los grandes operadores de referencia de las ventas por Internet, como Amazon o AliExpress, las condiciones en las que los compradores y vendedores locales podrían librarse de los condicionamientos que ahora soportan.
La modificación legislativa propuesta por la consejera de Hacienda supondría “una modernización del IPSI garantizando al 100% la recaudación del mismo en lo que a las importaciones se refiere, disminuyendo notablemente los trámites y evitando el fraude que se pudiera producir, así como facilitar a los comerciantes de ambas ciudades la venta de sus productos al resto de la Unión”. “Ceuta y Melilla”, han argumentado Chandiramani y Al Mansouri ante el Ministerio, “están padeciendo además de la pandemia una presión adicional derivada del cierre fronterizo, cierre este que se produjo seis meses antes de la irrupción de la COVID, lo que supone un mayor estrangulamiento del comercio local”. Uno de sus objetivos es “que los empresarios locales no tengan la necesidad de nombrar representante en el ‘territorio IVA’ para poder vender hacia la Península y el resto de la Unión Aduanera, con lo que se ahorrarán grandes gastos y problemas burocráticos y permitirán a los comerciantes de ambas ciudades competir en este sector en condiciones de igualdad gracias al nuevo sistema simplificado de gestión para las exportaciones”.
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