Ceuta, entre las autonomías con menos acogida de refugiados ucranianos

Transcurridos más de diez meses después del inicio de la guerra en Ucrania, España ha concedido más de 160.000 protecciones temporales a refugiados, 18 de ellas en Melilla y 15 de ellas en Ceuta, estando al final del listado.

Con datos recabados hasta el pasado miércoles 28 de diciembre, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior y la Policía Nacional ha dado cuenta de la tramitación y posterior concesión de 160.756 protecciones a los refugiados ucranianos en España, de acuerdo con la información ofrecida por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

De esa cifra, el 63,47% son mujeres (102.034), el 33,69% tiene menos de 18 años, el 25,33% tienen entre 19 y 35 años, el 34,17% tienen entre 36 y 64, y el 6,8%, más de 65 años. Adicionalmente, la inmensa mayoría, el 98,31% específicamente, son de nacionalidad ucraniana, mientras que el resto tiene otras nacionalidades y residían legalmente en territorio ucraniano cuando estalló la guerra.

Con más de 160.000 protecciones temporales, España estaría entre los países europeos que más ha acogido a ciudadanos y residentes en Ucrania: Comunidad Valenciana (42.739), Cataluña (36.641), Madrid (22.963), y Andalucía (22.939), siendo estas las comunidades autónomas en las que se han tramitado y concedido más protecciones temporales.

Seguidas por Murcia (5.169), País Vasco (4.075), Canarias (4.043), Castilla y León (3.918), Aragón (3.549), Baleares (3.097), Castilla-La Mancha (2.865), Galicia (2.809), Navarra (1.597), Asturias (1.542), Cantabria (1.469), Extremadura (733) y La Rioja (575). Además 15 en Ceuta y 18 en Melilla.

“Muy pocos refugiados”

En el caso específico de Ceuta y Melilla, hay que destacar que la poca cantidad de refugiados tuvo un efecto negativo, pues el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se olvidó de ambas ciudades en el Real Decreto que reguló la concesión directa de subvenciones a las autonomías para “financiar la prestación de una ayuda económica directa a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes”.

El argumento fue que los recursos de los que disponían los Ejecutivos regionales en ambos casos eran suficientes para hacer frente a la necesidad. Asimismo, el Estado alegó que “el número de personas de nacionalidad ucraniana empadronadas en cada una de las ciudades autónomas fue tomado en consideración a la hora de hacer el cálculo de la posible distribución de las ayudas”.

En ese sentido, añadió que “el número de personas empadronas de nacionalidad ucraniana fue marginal: mientras que en Ceuta era cero, en Melilla el número ascendía a una única persona”.

Las protecciones temporales tramitadas conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico los desplazados que obtienen la protección temporal pueden utilizar legalmente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.