Y uno de los asuntos primordiales que se debatirán en este Consejo de Política Fiscal y Financiera será, entre otros, la reforma de las administraciones que ha sido presentada hace unos días por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Ceuta, por supuesto, en boca de Carreira se mostrará favorable a esta reforma de las administraciones por lo que supone, desde luego, de ahorro en unos momentos donde es necesaria la optimización de todos los recursos que están al servicio de las diferentes instituciones de nuestro país.
El principal objetivo de Hacienda es poner firme a las comunidades para que cumplan y desarrollen el proyecto de reforma de la Administración que el Gobierno central presentó la semana pasada. Con este proyecto pretende ahorrar 6.440 millones de euros en los próximos tres años, cifra que elevará hasta los 37.620 millones el ahorro emprendido por todas las Administraciones Públicas en lo que va de legislatura.
El plan cuenta con más de un centenar de medidas que requieren la aprobación de las comunidades. Como por ejemplo, la supresión de duplicidades entre las diferentes administraciones y que afecta directamente a las autonomías.
Algunas ya han advertido de que no pondrán en marcha el plan de Rajoy y no eliminarán los Tribunales de Cuentas o los Defensores del Pueblo como pretende el Ejecutivo central. Cataluña, Andalucía, País Vasco, Canarias y Madrid han puesto objeciones al plan estatal para rebajar la estructura administrativa.
Algunos presidentes autonómicos recelan de que el Gobierno utilice el Consejo de Política Fiscal donde se tiene que negociar el objetivo de déficit para presionar a las comunidades a que cumplan. El orden del día del CPFF revela que se estudiará “la información del Ministerio de Hacienda sobre los trabajos realizados por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas”.
El Ejecutivo de Rajoy también propondrá en el cónclave los nuevos objetivos globales de déficit y deuda pública para 2013. El Gobierno tenía que haber fijado los límites hace meses. Los gobernantes regionales están preocupados porque la mayoría aprobaron sus presupuestos para este año con un límite de déficit del 0,7% y ahora cuando ha transcurrido más de medio ejercicio aún desconocen el objetivo real que tendrán. El Gobierno ya planteó hace un par de meses que elevaría el límite de desviación presupuestaria hasta el 1,2% del PIB. Pero Bruselas abrió la mano y concedió a España más margen para estabilizar las cuentas públicas (concedió dos décimas más de lo previsto: pasó del 6,3% reclamado por el Ejecutivo a la Comisión al 6,5% otorgado finalmente). Por eso, Hacienda pretende distribuir parte de ese margen entre las comunidades. Probablemente fije un objetivo global de desfase presupuestario del 1,3% del PIB, lo que supone unos 13.000 millones más de deuda pública.
El reparto del déficit, otro de los frentes abiertos con las autonomías
Otro de los frentes abiertos tiene que ver con el reparto del déficit entre las comunidades. Hacienda pretende fijar un objetivo diferente este año para cada comunidad. Considera que las comunidades más incumplidoras necesitan una ayuda adicional o no podrán cumplir. Pero las que se esforzaron y se ciñeron al límite fijado protestan porque consideran que hay trato de favor. Hacienda tiene que negociar con las comunidades cómo hará el reparto. Y eso abre un frente para Montoro difícil de barajar. No obstante, el ministro ha aplazado este debate a otro CPFF que se celebrará en tres semanas.
Donde también puede haber desacuerdos es en el tope de deuda que el Gobierno planea fijar este jueves para las comunidades. El año pasado varias comunidades del PP protestaron por este reparto (Extremadura, Castilla y León y Galicia). Andalucía abandonó la reunión como motivo de protesta y Cataluña también presentó quejas formalmente. Hacienda pretende que las comunidades “adopten la medidas necesarias para incorporar la obligación de que los órganos de control interno”.
