De la certeza sobre la facultad de la Comisión Local de la Vivienda a las “dudas jurídicas”

Chandiramani desliza dudas aunque admite que la financiación de las VPO era estatal

La que fuera gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, así como la jurídico de la sociedad y secretaria de la Comisión Local de la Vivienda, María José Cariñanos, prestaron ayer declaración en calidad de testigos en el marco del ‘Caso Emvicesa’ y lo hicieron para aportar su visión en torno a la operatividad y validez de la Comisión Local de la Vivienda, puesta en entredicho por la Defensa de quienes formaban parte de la misma.

Según fuentes judiciales, Chandiramani vino a confirmar que la Comisión Local de la Vivienda sí era la competente en la adjudicación de las casas. Es cierto que existía un acuerdo marco suscrito por la Administración autonómica y el Ministerio de Vivienda en 2007 pero era genérico y, por tanto, no aplicable a la adjudicación de las 170 y las 317, sobre las que se aplicó la ordenanza de 2006. No obstante reconoció que se enteró de la existencia de ese Acuerdo Marco por la prensa y que si bien cree que es de aplicación la ordenanza de 2006, hay “dudas jurídicas” al respecto.

La Fiscalía y la propia Policía sustentaron sus respectivos informes en la conclusión segura y certera de que la facultad y competencia de la Comisión Local era absoluta, algo que en su día plasmó la propia Gerencia de Emvicesa que desconocía la existencia de ese Acuerdo.

Investigaciones

En base a aquello se procedió a la detención y posterior investigación-imputación de sus miembros. Ahora, a esa testifical se le añade un matiz importante: de la certeza se pasa a las “dudas jurídicas”.

La Defensa de las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed quiso saber por boca de Chandiramani no solo si había conocido la existencia de ese Acuerdo Marco (algo que dejó claro que no hasta desvelarlo la prensa), sino también si la financiación de las viviendas había sido íntegramente estatal, extremo que fue verificado por la propia exgerente.

A la pregunta de si hoy, conociendo la existencia de ese acuerdo, considera si debía aplicarse la ordenanza de 2006, Chandiramani insistió en que sí porque “es lo único que tenemos”, apuntó, sin aportar un razonamiento jurídico en concreto.

Loma Colmenar

Y es que reconocer lo contrario supondría, implícitamente, asumir no solo que las 170 VPO de Loma Colmenar están mal adjudicadas, sino también las 317. La política de vivienda, al garete.

La Defensa de Román y Mohamed, que ejerce el abogado Jorge Martín Amaya, sigue en esa línea de desbaratar que la Comisión Local de la Vivienda fuera clave en la adjudicación, sencillamente porque estas promociones se excluirían de su ámbito competencial.

Por su parte la jurídico de Emvicesa y secretaria de la Comisión Local de la Vivienda, Mª José Cariñanos, insistió que lo aplicable era la ordenanza de 2006. A pesar de que la financiación de las viviendas fue íntegramente estatal, aludió a la existencia de ayudas dadas por la Ciudad a los adjudicatarios para entender la implicación de un órgano municipal. Esas ayudas, no obstante, fueron entregadas una vez construidas.

A pesar de ello, la jurídico se aferró a su existencia. Consideró además que como secretaria de la Comisión su función no era la de apercibir o asesorar a los componentes, aunque existen en donde hizo advertencias de legalidad.

De igual manera ayer prestó declaración el policía nacional de la UDEF que realizó el informe económico sobre Antonio López, principal investigado en la causa y para el que la Audiencia fijó una fianza de 300.000 euros para su puesta en libertad. Se ha ratificado en el mismo.