Sus responsables solo pueden acceder para acondicionar su interior de acuerdo con los requisitos que fija la normativa. La operación contra el fraude que las administraciones desarrollaron en los polígonos del Tarajal en diciembre se saldó con la clausura de cuatro naves sobre las que, un mes más tarde, aún se mantiene la orden de suspensión de actividades, según pudo conocer este periódico. Los almacenes que permanecen cerrados están ubicados en la calle conocida como del muro o el río, en La Chimenea, una de las más castigadas por la presencia de consignas irregulares donde, según las sospechas, también pernoctan porteadores, tal y como denunciaron con anterioridad los propios comerciantes.
Los responsables de estos establecimientos firmaron un documento que les autoriza a acceder a la nave, pero solo para su acondicionamiento a fin de cumplir con los requisitos que la Ciudad Autónoma les exige si quieren obtener la licencia de apertura que les permitiría reabrir sus puertas al público, según fuentes próximas a la operación del mes pasado. Una intervención que estuvo coordinada por la Agencia Tributaria y en la que colaboraron los organismos y fuerzas de seguridad con competencia, desde la Guardia Civil hasta el Cuerpo Nacional de Policía –Unidad de Prevención y Reacción así como Servicio Cinológico– pasando por el Grupo Operativo Administrativo de la Policía Local (GOA); Parque Móvil; Obimace; Servicios Tributarios; Inspección de Trabajo; Aduanas o Fomento y Ciudad Autónoma, entre otros.
En el Pleno de la Asamblea de finales de noviembre, poco antes de la operación de diciembre, Emilio Carreira, anterior responsable de Economía y Hacienda y actual consejero de Medio Ambiente, anunció que la Ciudad Autónoma estaba trabajando en la labor de cierre de las naves que ni generan ninguna actividad ni tampoco empleo o riqueza.
En su intervención, Carreira calculó que solo 78 de las 286 naves que el Gobierno autonómico tiene contabilizados en los cuatro polígonos tenía su documentación en regla y licencia de apertura. El 26 por ciento, según los datos aportados por el consejero, quien también señaló que otro 30 almacenes tenían suspendida su actividad y, sobre otras 78, estaba firmado un decreto de cierre. Al grupo anterior pertenecerían los últimos cuatro almacenes clausurados de los que tuvo constancia este periódico.
Comerciantes de La Chimenea manifestaron esta misma semana que esperan que la Ciudad Autónoma cumpla con su intención de extirpar de los polígonos el negocio de los bultos de mercancía fraudulenta tal y como concluyeron por las palabras del ahora consejero de Medio Ambiente. Este debate plenario surgió durante los graves desórdenes que afectaron al tránsito de personas y vehículos en el entorno del Tarajal.