CERMI recoge alrededor de 800 firmas para modificar el copago en dependencia

Su propuesta se centra en disminuir la participación del beneficiario en el coste de los recursos.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Ceuta instaló ayer un stand para contribuir a la recogida de 500.000 firmas que avalen la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Su objetivo es modificar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la Dependencia a fin de establecer criterios “claros y justos” en lo que se refiere al copago.
El CERMI nacional, a través de sus delegaciones territoriales y las de sus asociados, distribuyó los formularios de apoyo a esta acción que persigue llevar el debate al Congreso. En las dos primeras jornadas de esta campaña en la ciudad –hace unos días en el centro comercial y ayer en el Revellín–, la entidad local recopiló alrededor de 800 firmas.
No obstante, la organización adelantó que el total de rúbricas que enviará desde Ceuta será superior puesto que sus asociaciones integrantes cuentan con sus propios impresos para firmas y, además, como CERMI volverán a salir a la calle con el stand.
La reforma que plantea esta plataforma del sector de la discapacidad se centra en cuatro aspectos del articulado sobre la participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias.
El primer punto que busca modificar en la Ley 39/2006 es en torno a la aportación del beneficiario. En la actualidad, explicaron desde el CERMI, el dependiente tiene que abonar el 75 por ciento de la pensión que percibe. El Comité propone que, en ningún caso, “supere el 60 por ciento respecto al precio de referencia”. La participación en el coste de los servicios “deberá garantizar” una cantidad mínima para gastos personales que será del 40 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por una cuestión de “dignidad” y que tengan “algo de dinero en el bolsillo para hacer un regalo o tomarse un café”.
Asimismo, apuesta por que los dependientes cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el IPREM queden “exentos” de contribuir en el coste de las prestaciones.
Para calcular la cantidad que el usuario tiene que pagar, el Comité plantea que no solo se mida la pensión, sino que la Administración tenga en cuenta factores como la edad, el momento de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona.