La CEP critica una reforma de Extranjería "alejada de la estrategia europea"

La inminente aprobación en el Consejo de Ministros de un Real Decreto para reformar el Reglamento de la Ley de Extranjería, “con el objetivo de regularizar a una bolsa de inmigrantes en situación irregular que algunas fuentes sitúan cerca de las 800.000 personas”, ha encendido las alarmas de la Confederación Española de Policía (CEP).

El sindicato policial considera que esta iniciativa “perjudicará gravemente” la lucha “contra las mafias” de trata de seres humanos, que trabajan también en Ceuta, además de suponer “una ruptura con el consenso mantenido durante dos décadas en esta materia”.

Desde la CEP se subraya que la medida se aleja de la estrategia impulsada por la Unión Europea, basada en el establecimiento de flujos migratorios ordenados y en la firmeza frente a las llegadas no regulares. A juicio de la organización, la regularización masiva proyecta “un mensaje contrario a los criterios que han guiado la política migratoria común y dificulta el trabajo policial en el control de fronteras y la persecución de las redes criminales”.

Este posicionamiento es compartido en el ámbito local por el secretario general provincial de la CEP en Ceuta, Eduardo García, quien secunda plenamente la valoración realizada a nivel nacional y advierte del “impacto específico” que este tipo de decisiones puede tener en territorios fronterizos como la ciudad autónoma, donde la “presión migratoria y la actuación de las mafias” constituyen un reto permanente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Europa como destino y el efecto llamada

En un plano estrictamente policial, la CEP recuerda que “Europa se ha consolidado como un referente para la inmigración irregular”, al percibirse como un espacio de oportunidad debido a las diferencias de renta, los niveles de cobertura social y la seguridad respecto a los países de origen. “En el caso de España, esta atracción se proyecta con mayor intensidad en los países africanos, una realidad especialmente sensible en zonas como Ceuta”.

La organización policial subraya que la “elección de las rutas migratorias está directamente relacionada con las expectativas que ofrece el país de destino para alcanzar el objetivo final del inmigrante, que no es otro que permanecer de forma permanente en suelo europeo”. “En este contexto, los países que ofrecen ventajas normativas se convierten en destinos más atractivos no solo para los inmigrantes, sino también para las mafias que comercian con ellos y con sus vidas”.

Desde la CEP se advierte de que cualquier cambio normativo que implique una relajación de los requisitos de entrada o la legalización de inmigrantes irregulares tiene “un efecto inmediato” incluso antes de su aprobación definitiva. Según explican, estas informaciones son utilizadas por las redes criminales como “gancho” para captar personas en origen, prometiendo futuras regularizaciones como la que ahora pretende aprobar el Gobierno mediante Real Decreto.

Ruptura del consenso y precedentes históricos

La Confederación Española de Policía considera que esta reforma se sitúa “muy lejos de los criterios técnicos policiales” que deberían haber guiado una iniciativa de este calado, ya que tiene “efectos directos” tanto en la lucha contra las redes de trata como en la “gestión de las llegadas irregulares” a las costas y fronteras españolas, incluidas las de Ceuta.

Además, el sindicato recuerda que la medida “rompe un consenso tácito” mantenido durante los últimos veinte años por Gobiernos de distinto signo político, que entendieron que “las regularizaciones masivas lanzan un mensaje perjudicial para los intereses del Estado, generan un claro efecto llamada y comprometen el papel de España frente a la Unión Europea en materia de flujos migratorios no ordenados”.

Desde la CEP se subraya que si desde 2005 ningún Ejecutivo había vuelto a transitar por esta senda es porque “se había asumido que una iniciativa de estas características no resultaba de interés para el país, frente a lo que ahora se pretende con la aprobación de este nuevo Real Decreto”.

Una regularización sin precedentes

El sindicato policial recuerda que las regularizaciones impulsadas en 1986, 1991 y 2005 por Gobiernos socialistas, así como las llevadas a cabo en 1996, 2000 y 2001 por Gobiernos populares, “nunca tuvieron el impacto que podría alcanzar la medida actual”. “Incluso la mayor de ellas, la de 2005, que permitió regularizar a 570.000 inmigrantes, quedaría muy por debajo de la bolsa que ahora se maneja, cifrada en torno a 800.000 personas”.

A juicio de la CEP, se estaría ante “un récord histórico”, que además se produciría en un momento en el que la “estrategia mayoritaria de la Unión Europea camina en sentido contrario, apostando por una mayor firmeza frente a la inmigración irregular”. La organización denuncia que el propio Gobierno reconoce que la finalidad de esta iniciativa “no es fruto de un análisis técnico y profesional, sino de la necesidad de restaurar una aritmética parlamentaria”.

Desde la Confederación Española de Policía se insiste en que esta decisión “aleja a España del consenso europeo sobre la gestión de los flujos migratorios, basado en el orden, la previsibilidad y la firmeza frente a las mafias, y sitúa al país en una posición divergente respecto al criterio mayoritario de sus socios comunitarios”.

Impacto en la seguridad y en la política europea

La CEP advierte de que “cambiar las reglas del juego” para aflorar “grandes bolsas de inmigrantes en situación irregular tiene un impacto directo en los flujos migratorios que llegan a Europa. Mientras otros países refuerzan sus políticas para no estimular nuevas llegadas, España optaría por facilitar la permanencia de quienes han llegado sin cumplir los requisitos legales”.

En términos policiales, el sindicato considera que esta medida resulta claramente perjudicial, ya que favorece a las mafias, que ven facilitada la colocación de su “producto”, y puede provocar “un incremento de los flujos migratorios, con la consiguiente presión sobre los recursos de control y seguridad, especialmente en territorios fronterizos como Ceuta”.

En este sentido, y como recalca el secretario general provincial de la CEP en Ceuta, Eduardo García, España debería aspirar a ser un “socio fiable dentro de la Unión Europea”. “La aprobación de esta regularización masiva, concluye la organización, sitúa al país fuera de la dinámica consensuada en materia de inmigración irregular y debilita tanto la actividad policial como la capacidad del Estado para gestionar estos flujos con eficacia y firmeza”.