Los centros solamente disponen en sus plantillas propias de 26 cuidadores

Las plantillas de los centros educativos de Ceuta únicamente incluyen un total de 26 oficiales de actividades específicas o cuidadores, más de la mitad (14) asignados al Colegio de Educación Especial (CEE) San Antonio. Según ha certificado un informe de la Unidad de Programas Educativos (UPE), los Planes de Empleo de la Ciudad (18) y de la Delegación (23) aportarán este curso 41 adicionales.

Entre sus funciones dentro de la atención a la diversidad está atender los desplazamientos del alumnado necesitado, implementar programas de autonomía e higiene personal en el aseo del alumnado, atender y vigilar al alumnado con necesidades educativas en el aula y otros espacios, y el acompañamiento en actividades lúdicas, así como en el comedor escolar.

La normativa vigente exige disponer de estos profesionales en colegios e institutos “cuando el centro escolarice alumnado que presente problemas graves en la autonomía personal”. Solamente ocho CEIP y un IES cuentan con ellos en sus plantillas propias.

Los Planes de Empleo también aportarán durante el presente curso académico 66 técnicos de Infantil, Integración y Mediación para “atender al alumnado que mostrase serias dificultades de integración en la dinámica general de un centro ordinario, pero no tantas como para escolarizarse en el Centro de Educación Especial San Antonio”.

Las condiciones, en el aire

Las resoluciones judiciales dictadas en primera y segunda instancia contra las remuneraciones establecidas por la Delegación del Gobierno en Ceuta para su Plan de Empleo mantienen en el aire las condiciones laborales y salariales en las que se incorporarán los beneficiarios de los programas del proyecto 2021-2022. La institución de la Plaza de los Reyes explicó, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respalda que los contratados deben cobrar conforme al Convenio de Personal Laboral, que “hay que coordinar lo que vamos a hacer con los ministerios afectados y con los servicios jurídicos del Estado”.