La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) todavía no ha tomado una decisión sobre si apoyar o no la eliminación de la excepcionalidad que en el Tratado de Schengen permitió a los marroquíes residentes en
Tetuán acceder a la ciudad autónoma sin visado hasta el cierre del paso forzado en 2020 por la pandemia. Su reapertura progresiva y parcial en mayo se ha producido de hecho sin ese régimen singular que el Ejecutivo local no quiere restablecer nunca, posición en la que le apoyan
UGT, CCOO y la Cámara de Comercio.
Esos tres agentes sociales apoyaron expresamente a principios de julio en la última reunión de la Mesa de Diálogo Social solicitar al Gobierno central la eliminación de la excepcionalidad.
La institución empresarial representativa que lidera Arantxa Campos pidió entonces tiempo para “realizar una comparativa sobre el impacto que en el sector comercial tenían los flujos que se registraban en la frontera del Tarajal antes del cierre del paso en comparación con los actuales”, así como para recabar otros datos que le permitiesen tomar una decisión con base en parámetros objetivos.
“Hemos recurrido al eurodiputado Jordi Cañas, que promovió el informe presentado en junio sobre, entre otras cosas, la eliminación de la excepcionalidad de Schengen, para intentar conseguir informaciones como cuántos visados Schengen hay concedidos en la región de Tetuán, ya que por otras vías no lo hemos podido conseguir”, lamentó ayer Campos en declaraciones a este periódico.
Las oficinas consulares españolas concedieron el año pasado casi 90.000 visados a ciudadanos marroquíes, algo más que en 2020 (84.899), pero muchos menos que en cualquiera de los ejercicios precedentes de la seria histórica de la última década. En 2019, por ejemplo, se expidieron casi 212.000.
Al margen de calibrar el número de súbditos del Reino alauita que podrían seguir entrando en la ciudad de conservarse el régimen de cruce del Tarajal vigente, la CECE ha entablado negociaciones para intentar matizar las pegas que actualmente ponen los aduaneros del
país vecino a regresar a su territorio con casi cualquier producto adquirido en la ciudad.
La Confederación está pendiente también de las novedades que surjan en relación con la puesta en marcha de una aduana comercial en el Tarajal, donde el Estado prevé acometer obras por la vía de urgencia para que esté operativa con una infraestructura “de escala regional” en primavera o verano de 2023.
La patronal y los sindicatos representativos acordaron también en julio con la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, reunirse a la vuelta del verano para pronunciarse sobre la conveniencia de pedir al Gobierno central entrar en la Unión Aduanera europea. Esa postura se querría tomar de forma “compartida” con
Melilla, aunque en Bruselas se vio a De Castro mucho menos decidido que a Vivas para dar pasos tanto en este camino como en el de Schengen.