La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) se ha defendido la vigencia de los convenios colectivos de trabajadores para mostrarse contrarios a la reducción de jornada semanal a las 37,5 horas, como sí quieren tanto el Gobierno nacional como las agrupaciones sindicales.
“Cada convenio colectivo es fruto de una negociación basada en las características de cada sector y de propuestas mutuas de empresarios y sindicatos”, destacan desde CECE mientras añaden la necesidad del derecho a “exponer y defender su postura sobre lo que es bueno para la economía y la sociedad en el ámbito de la negociación colectiva para cada sector”.
En este sentido, apuntan que es pertinente “analizar de manera rigurosa que una reducción horaria no es sinónimo de mejora automática de la productividad”, continuando con que “hay sectores donde esa reducción repercute negativamente”.
Entre los ejemplos que dan se encuentran las empresas con pocos trabajadores y sin capacidad de reorganización de la jornada laboral, “lo que supone el 99% de las empresas de nuestra ciudad”, expresan.
“La reciente propuesta, sin ninguna negociación previa y sin un análisis ni debate de propuestas concretas basadas en la productividad de cada sector, o en conceptos negociables como el impacto del absentismo laboral en las empresas, no responde al espíritu del diálogo social y de la negociación colectiva”, decretan.
Por todo ello, desde la entidad empresarial defienden el valor de la negociación colectiva y el diálogo social, recordando que es un derecho que se encuentra “expresamente consagrado en el en el artículo 37.1. de nuestra Constitución”.
Además, para defender su postura, sacan a colación el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, suscrito por CCOO, UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, con vigencia hasta finales de 2025.
En el texto, las partes declaran “nuestra apuesta por el diálogo social bipartito como eje del autogobierno de las relaciones laborales, siendo el ámbito de la negociación colectiva donde encuentra su máxima expresión”.
Debido a esto, señalan que la propuesta presentada por los sindicatos “pretende imponer una norma de impacto genérico, lo cual supone un incumplimiento del acuerdo firmado, una ruptura del proceso de negociación colectiva y una grave pérdida de confianza”.
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