Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (
CEAR), ha hablado este lunes en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo sobre la
crisis humanitaria sin precedentes vivida en Ceuta a mediados de mayo, “cuyas dramáticas consecuencias aún persisten”. Durante su participación en el debate sobre la situación de estos inmigrantes, Favieres ha asegurado que los días 17, 18 y posteriores de mayo en Ceuta se produjeron devoluciones de la mayoría de personas contrarias a derecho porque se incumplieron los estándares y obligaciones internacionales, el Convenio Europeo, la Constitución española, la Carta de Derechos Fundamentales y la directiva de retorno. “No hubo identificación individual, ni detección de perfiles vulnerables, de menores ni de posibles solicitantes de protección internacional”, ha denunciado públicamente esta portavoz de CEAR. Favieres ha destacado que el pasado viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo textualmente que
los retornos voluntarios y forzosos se hicieron conforme a la ley. Sin embargo, CEAR tiene que disentir porque, reitera, “no se hicieron conforme a la ley”. El propio Acnur, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha pedido una investigación porque, ha indicado Favieres, tienen testimonios de personas que manifestaron ya su voluntad de solicitar protección internacional y fueron expulsados. “Algunos incluso hablan que con violencia”, ha apostillado. “Las autoridades informaron inmediatamente sobre la devolución de miles de personas implicadas sin aplicarle ningún procedimiento”, ha continuado la directora de Políticas y Campañas de CEAR. “Hubo personas expulsadas que ya se encontraban en territorio español”, ha añadido. Recuerda que la ley habla en todo caso de proceder a la expulsión de personas que intentan superar los elementos fronterizos. “Esos días en Ceuta hubo muchas personas que ya se encontraban en territorio español, habían sido atendidos en territorio español y que fueron devueltas. Creo que hay numerosas imágenes gráficas, no es una apreciación subjetiva por parte de las organizaciones”, ha sentenciado la activista. Favieres desvela que hubo, según sus cálculos, cientos de personas que permanecieron durante días “escondidas por la ciudad ante el temor a ser expulsadas sin poder manifestar su voluntad de solicitar protección internacional, con el temor y el miedo de acudir a las autoridades policiales cuyas dependencias se encuentran en la misma frontera”.
Menores “hacinados” y un número indeterminado por la ciudad
La situación especial de los menores que viajaron solos es otro asunto que preocupa a CEAR. Favieres sostiene que siguen “hacinados” y que quedan aproximadamente en esas dependencias unos 800 menores sin contar un número sin determinar que están en la ciudad “con miedo a ser expulsados”. El propio fiscal de
Menores de Ceuta, ha señalado la activista, ha abierto una investigación por la “posible devolución de menores para saber de dónde partió la orden y ha puesto de manifiesto los problemas para el registro de los menores”. CEAR, como otras entidades de derechos humanos, lleva muchos años alertando de algo que volvió a constatar en Ceuta: “Las políticas de externalización de fronteras con terceros países no solo no ofrece soluciones duraderas y permanentes, sino que favorece la instrumentalización de personas para ejercer presión política".
“Huir de pronunciamientos que los presentan como una amenaza”
La directora de Políticas y Campañas de CEAR ha instado a “cambiar la narrativa”, es decir, “a huir de esos pronunciamientos que presentaron esos días a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad del país. Eso solo genera discursos de odio que ponen en riesgo la convivencia social". Para esta representante de CEAR, "urge un nuevo enfoque en las políticas migratorias. Controlar las fronteras sin abordar las causas lleva a confundirnos una y otra vez".
Reubicación entre autonomías y países de la UE
"Tanto la ruta canaria como las llegadas que se produjeron en Ceuta deben ser objeto de valoración y de volver a poner el foco en la reubicación, no solo entre comunidades autónomas en lo que se refiere a los menores, también entre los países miembros de la UE en aras del principio de solidaridad compartida. El Pacto Mundial de Migración y Asilo debe tener en cuenta la especificidad de los países frontera exterior", ha expresado Favieres en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.