Los sindicatos más representativos de Ceuta, CCOO y UGT, han lamentado este sábado, a través de un comunicado, que la Ciudad haya elaborado el
plan de choque por valor de 70 millones de euros para hacer frente a los efectos que está causando la expansión del coronavirus en la ciudad sin contar con “los representantes de los trabajadores” en su elaboración. “
No ha sido así en el caso de los empresarios con los que se ha reunido expresamente, les ha consultado, y ha terminado por plasmar en “su” propuesta todas y cada una de sus reivindicaciones por inoportunas que fueran. Este hecho, en sí mismo, explica el orden de prioridades de este Gobierno ante la crisis. Primero, ellos mismos, en su gigantesca y permanente campaña de propaganda. En segundo lugar, quienes ellos consideran sus aliados naturales. Por último, visiblemente repudiados, la mayoría social”, critican.
Al igual que hizo la formación Caballas este viernes, critican que en el reparto del dinero se destinen más fondos a las empresas que a Servicios Sociales. “UGT y CCOO hemos priorizado en esta crisis la vida de las personas. Por ello consideramos que la dotación del llamado Fondo Social (6,3 millones) resulta claramente insuficiente para atender la profunda depresión en que se han visto sumidas miles de familias ceutíes, máxime si tenemos en cuenta que las partidas destinadas a protección social estaban ya de por sí recortadas al máximo en el Presupuesto aprobado hace apenas dos meses”. UGT y CCOO consideran que es preciso instituir un fondo específico de “ayudas al pago de alquileres y moratoria de amortización de préstamos”. Es preciso recordar que los (hasta ahora) 2.500 trabajadores sujetos a ERTE han visto reducidas sus rentas en un 30% (ningún empresario ha complementado estos ingresos), lo que implica una “muy considerable” pérdida de poder adquisitivo que dificulta en exceso, en muchos casos, el pago de los alquileres o las cuotas de amortización de los préstamos.
También reprochan a la Ciudad que esta no incluya en el documento “ninguna medida de control de precios”, en concreto en lo referido a precios de los alimentos. “El evidente y abusivo incremento de precios supone una vuelta de tuerca más en la pérdida de poder adquisitivo”.
Los sindicatos mayoritarios consideran que las ayudas previstas en el Fondo para PYMES y Autónomos, deben estar, en cualquier caso, condicionadas al mantenimiento, la creación de empleo neto o complementos salariales para los trabajadores sujetos a ERTE. “En otro caso no se pueden entender ni aceptar”. Es preciso recordar que ya se han tramitado 774 ERTES, de ellos 644 por causa de “fuerza mayor”. En estos casos, las empresas están exentas tanto del pago de salarios como de las cuotas a la seguridad social.
“Las empresas que no han presentado ERTES están funcionando con normalidad. Los autónomos que han cerrado se acogen al cese de actividad y pueden devolver la cuota del mes de marzo. ¿A qué van a destinar esas ayudas? ¿Se van a repartir a modo de “bufanda” para tener contentos a los empresarios? ¿O es sólo una campaña de propaganda (“El Gobierno con las empresas ceutíes”) que quedará en nada cuando a la hora de la verdad no se gaste el dinero previsto?”, se preguntan.
UGT y CCOO proponen a la Ciudad articular un “Plan de Empleo de Emergencia” para que las familias sin recursos puedan recibir rentas y ampliar, a su vez, los servicios relacionados con las medidas de prevención contra el Covid-19.
Otro de los puntos que critican los sindicatos es que en el fomento de la actividad de las empresas locales de construcción (15 millones), tampoco aparezca “ninguna referencia al empleo”.
“Ni se vinculan las adjudicaciones a las contrataciones laborales, ni se controlan las subcontratas. Por otro lado, y con esta misma finalidad, la propuesta debería incluir mecanismos de control (tanto en los contratos como en las encomiendas de gestión a Tragsa) de la subcontratación para exigir que se formalizarán con empresas locales que, a su vez, contratarán a mano de obra inscrita en el SEPE de Ceuta, atendiendo a criterios de emergencia social”.
Consideran la propuesta de reducir el IPSI de importación al 0,5% para todos los productos “una auténtica provocación”, una “exhibición de insolidaridad difícil de digerir en estos momentos”. “El Gobierno sabe perfectamente que, en caso de materializarse, sería el Gobierno de la Nación quien vía “compensación” tendría que asumir esta merma de ingresos. ¿De verdad piensa el Gobierno que este es un momento adecuado para pedir estos sacrificios a las arcas del Estado? ¿No es consciente el egoísta Gobierno del señor Vivas de la situación por la que atraviesa el país? ¿No son conscientes del coste que va a soportar el Estado para superar la crisis?”, reprochan.
El punto referido para pagar las facturas pendientes de los efectos del coronavirus lo califican de “insultante”. “Pagar las facturas (estas o cualesquiera otras) es una obligación propia de personas (o instituciones) decentes. Lo que resulta inconcebible es que no se estuvieran pagando, porque evidentemente este hecho no guarda relación alguna con el Covid-19”. La reducción del 20% de la tasa de agua y basura para las “actividades económicas” y “profesionales” no establece distinción alguna. “¿Debe la Ciudad recortar aún más sus ingresos para beneficio de empresas que no sólo no están perdiendo sino, en algunos casos, aumentando sus ingresos? Consideramos que es preciso circunscribir esta medida exclusivamente a las empresas que hayan cesado efectivamente su actividad”.
Por todo ello, exigen al Gobierno de la Ciudad que previamente a que se lleven a pleno estas medidas, se consulte también “de manera urgente” con UGT y CC.OO. como representantes de los trabajadores, para que se aprueben las mismas con el máximo consenso social “y no sólo con el visto bueno de la parte empresarial”, finalizan.