Las secciones sindicales de
CCOO Servicios a la Ciudadanía y
UGT Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma han exigido claridad al Gobierno de Ceuta ante las especulaciones y rumores sobre el futuro del
Centro de Realojo Temporal de La Esperanza, ya que se sospecha que va a ser externalizado. Existe “una gran inquietud entre el colectivo de trabajadores del centro” y dado que “en ningún momento se nos ha hecho partícipes de las intenciones que el Gobierno pudiera tener sobre este espinoso asunto, nos hemos puesto en contacto con los máximos responsables de la Ciudad, el presidente Vivas y la consejera Deu, para transmitirles tanto la incertidumbre en la que viven los trabajadores de ‘La Esperanza’, como la falta de información que padecemos los representantes legítimos de los trabajadores de la Ciudad, lo que nos impide conocer el estado en que se encuentra el futuro de este centro para poder transmitirles algo de sosiego a este colectivo”, exponen en un comunicado dirigido a los medios. Este lunes 13 de septiembre habrá una reunión de los sindicatos con los responsables del Área de Menores y de Recursos Humanos para recibir información directa “sobre sus intenciones ante la supuesta externalización” de la gestión de los Menores No Acompañados, lo que supondría que los trabajadores de ‘La Esperanza’ deberían abandonar este centro y ser reubicados entre el resto de los que hay dependientes del Área de Menores.
A la espera de una reunión para aclarar la situación
“A esta hora aún no se nos ha convocado oficialmente en un lugar y a una hora determinados, lo que no nos sorprende porque, aunque el pasado viernes debería haber estado cerrada esta cita. La improvisación del Gobierno en este y otros asuntos es la nota predominante”, reseñan ambos sindicatos. Tanto UGT como CCOO ya adelantan que están en total desacuerdo con la privatización de cualquier servicio público, “para lo cual utilizan el eufemismo externalizar”, ya que “supone una importante merma en la calidad con que se presta, así como un empeoramiento en las condiciones de los trabajadores, ya que es evidente que tiene que haber un margen de beneficio empresarial y, por supuesto, los criterios de selección de personal no se rigen por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. No obstante, y dado que esta decisión depende de un Gobierno basado en la legitimidad de las urnas, “lo que sí manifestamos de manera rotunda es que si se tuviera que reubicar finalmente al colectivo de trabajadores de ‘La Esperanza’, esto se tendrá que realizar mediante el sistema reglado por la propia Ciudad que es el concurso de méritos y en ningún caso vamos a aceptar adscripciones por decreto, sistema absolutamente antidemocrático y que recurriríamos ante la correspondiente instancia judicial”, aventuran.