Los sindicatos CCOO y UGT, con representación en Amgevicesa, han expresado su apoyo sin reservas a los trabajadores del Teléfono Único de Emergencias 112, quienes en los últimos días han sido acusados de “mala praxis” por la asociación animalista Daubma.
A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones sindicales han instado a la Consejería de Gobernación, que es la responsable del servicio del 112, a que "haga todas las gestiones necesarias para comprobar si lo que Daubma expresa públicamente es cierto y depure responsabilidades".
"Fuentes del centro de emergencias 112 han señalado a distintos medios que no hubo comunicación con ellos el día que denuncian los animalistas para gestionar las precarias condiciones físicas del animal que Daubma señalaba en su nota pública", han explicado los sindicatos.
"Ante las graves manifestaciones realizadas a los medios de comunicación por la asociación Daubma y atendiendo la afirmación realizada desde el Centro de Emergencias 112 de que no existen llamadas el día en cuestión en relación al can, la Ciudad no puede seguir mirando a otro lado o dejar pasar los días sin posicionarse públicamente y dar una explicación oficial para esclarecer lo que, presuntamente, sucedió con el animal en cuestión. Está en entredicho un servicio esencial que no puede quedar como deficiente sin consecuencias", detallan.
Por ello, solicitan que la Consejería depure responsabilidades y, "en el caso de que no tenga fundamento la denuncia", también lo haga contra aquellos que, presuntamente, han creado una alarma social al acusar al 112 de deficiente por no actuar como debía”, argumentan ambos sindicatos.
Las acusaciones de Daubma apuntan a que un operador o una operadora del 112 no atendió correctamente las llamadas de un vecino del barrio del Príncipe, el 31 de diciembre.
Según el relato de la asociación, dicho vecino solicitó la intervención de los organismos correspondientes para atender a un perro de raza pastor belga “malinois”, que presentaba signos evidentes de inanición. El animal falleció el 9 de enero en las instalaciones de la Protectora.
CCOO y UGT han demandado a las autoridades que no se ignoren estas acusaciones, ya que consideran que la situación pone en entredicho la calidad de un servicio esencial.
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