Continúa diciendo que según el borrador de los Presupuestos, el Gobierno aboga por conseguir una "justicia que crea en sus profesionales", que esté al servicio de los ciudadanos y sea "fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la corrupción". "Los presupuestos de este año dotará al órgano de gobierno de los jueces con un 2,5 por ciento más que en 2016, es decir 56 millones de euros. Asimismo, Justicia contará con 1.358 millones de euros para los gastos de personal con los que se crearán nuevos puestos de trabajo y se fomentará la especialización y formación del personal de la carrera judicial", añade.
Concretamente, entre el ingreso trabajadores y funcionarios en la Administración de Justicia procedente de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2016 y las que se aprobarán este año, se crearán alrededor de 5.000 plazas nuevas. En este capítulo de la OEP, CCOO-Justicia viene reclamando desde hace meses la acumulación de las OEP de 2016 y 2017. "A fecha de hoy no sabemos cómo se llevará a cabo", añade. Impulso a la digitalización de la Justicia "Para el ejercicio de 2017 se destina un gran volumen financiero a la digitalización de la Justicia, uno de los grandes proyectos del ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuyo principal objetivo es conseguir que los profesionales, ciudadanos y los órganos judiciales se comuniquen de forma telemática y que la tramitación de las actuaciones procesales se hagan de forma electrónica", continúa explicando esta central sindical.
Esta política de 'papel cero', que se llevará a cabo a través de la aplicación 'Minerva Digital', tendrá disponible 150 millones de euros, lo que supone un incremento del 87,9 por ciento con respecto al año anterior. El Plan de modernización tecnológica continúa con el sistema ya iniciado de digitalización los servicios prestados por los registros civiles que permiten la tramitación electrónica de expedientes de nacionalidad o la transmisión de solicitudes de inscripción de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios. Para ello, se destinará un 12,1 por ciento más que el año pasado, alcanzando los 30 millones de euros. Gasto social
En cuanto al capítulo de gasto social, 38 millones de euros en total, destaca el escaso incremento de la partida destinada al servicio de asistencia jurídica gratuita. En 2017, esta prestación cuenta con 37 millones, mientras que el año anterior, el presupuesto para indemnizar a los abogados de oficio era de 36,7 millones de euros. Otro millón de euros se dirige al apoyo a las víctimas mediante asistencia psicológica y para la realización de pruebas periciales psicológicas en los procesos judiciales. El presupuesto destinado al Centro de Estudios Jurídicos contará con 120 millones más que en 2016, alcanzando los 1.670 millones de euros. Esta cifra va destinada a la formación continua de fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados del Estado, médicos forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.
Medios materiales e infraestructuras
Por otro lado, para renovar el equipamiento técnico e infraestructuras se destinan 34 millones de euros, un 68,6 por ciento más que en 2016. Precisamente, para este fin, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses contará con seis millones de euros, cinco más que el año pasado.Parte de estos 34 millones se invertirán en las obras de nuevos edificios de juzgados en Lorca (Murcia), Talavera de la Reina (Toledo), Albacete, Guadalajara, Ibiza, Badajoz y Segovia. También para la rehabilitación de sedes judiciales en Soria, Ceuta, Trujillo (Cáceres) y la Audiencia Provincial de Palencia. En este capítulo están recogidas las obras de la nueva sede judicial de Ceuta.El sindicato concluye diciendo que según los presupuestos presentados por el Ministerio de Hacienda, otros 100 millones de euros se destinan para impulsar la modernización del Servicio Público de Justicia.CCOO viene denunciando desde hace meses todos los problemas y quebraderos de cabeza que está provocando tanto a nosotros como usuarios y al ciudadano que asiste atónito a un cada vez mas deteriorado servicio público de la Administración de Justicia, la implantación de las nuevas herramientas tecnológicas. Para ello seguimos insistiendo en una verdadera negociación con el Ministerio para tener una respuesta rápida a todos los problemas que está suponiendo la implantación de la digitalización de la Justicia. En definitiva exigimos respuestas y soluciones para poder trabajar dignamente y dar el servicio que el ciudadano se merece.