CCOO propone, en un escrito dirigido al presidente, Juan Vivas, que la Ciudad transfiera las competencias del servicio de autobuses a una empresa municipal para así, explica el sindicato, asegurar la “calidad” del servicio, mantener la conectividad y evitar la subida de tarifas para compensar las pérdidas que este transporte público está generando a la empresa que lo gestiona, a su plantilla y, en última instancia, que podría generar a los usuarios en caso de que se subiesen las tarifas para recaudar más dinero.
“Teniendo en cuenta que en estos momentos no existe vinculación legal con la empresa; considere la posibilidad de recuperar el servicio subrogándose en los derechos y obligaciones de la actual compañía y encuadrándolo para mayor celeridad en una de las empresas municipales cuyo objeto social lo permita”, manifiesta CCOO.
En el escrito, presentado este viernes en el registro del Ayuntamiento, el sindicato reprocha a la Ciudad que “obligue” a mantener un “servicio deficitario” que, entre otras cuestiones, ha provocado que la plantilla se plantee no prestar servicio a partir de este lunes debido a que la empresa, Autobuses Hadú-Almadraba, no ha abonado las nóminas de este mes a su plantilla, según adelantó este jueves El Faro.
“Los trabajadores tienen que prestar sus servicios mientras que la empresa no les paga la totalidad de sus salarios alegando falta de liquidez. El intento de que la Ciudad asumiera el coste del déficit que sus propias decisiones ha generado se ha saldado, de momento, con un fracaso”, argumenta el secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui.
El sindicato ahonda en los problemas financieros de la concesionaria del servicio, y los relaciona directamente con el cierre de la frontera entre España y Marruecos a causa de la expansión del coronavirus. “Existe una “nueva realidad” en nuestra Ciudad impuesta por la nueva política de frontera anunciada por los Gobiernos de España y Marruecos”.
Según los datos que ofrece el sindicato en su escrito, la línea de la frontera (la 7) representa hasta el 40% de la recaudación total de la empresa. “Eso quiere decir que el déficit generado por el resto de las líneas (obligatorias pero deficitarias) era “compensado” con los ingresos del trasiego de la frontera y las ayudas de la Ciudad (en torno a 350.000 euros)”.
Que esta línea ya no genere los mismos ingresos es, en palabras de CCOO, un “factor de desestabilización de importancia determinante”, que deja tres posibles escenarios: “una considerable subida de las tarifas que sería injusta para la ciudadanía y en especial para los sectores más vulnerables; una reducción de las líneas operativas (y de la plantilla) que supondría un empobrecimiento del servicio y un incumplimiento de la obligación legal de la Ciudad; o arbitrar anualmente un sistema de subvenciones por parte de la Ciudad de difícil encaje jurídico y difícil explicación social”.
Todo ello teniendo en cuenta que desde el pasado septiembre la concesión administrativa del servicio de autobuses de la Ciudad a la empresa (subrogada por el Ayuntamiento hacía 50 años) “caducó, tras agotar todas las prórrogas posibles y eso interpretando siempre todas las normas aplicables de la manera más favorable”.
“A pesar de tener conocimiento de ello, con todo el tiempo de antelación posible (se desarrolló una Comisión Informativa con la finalidad de estudiar este expediente hace ya siete años); la Ciudad dejó transcurrir el tiempo sin emprender el correspondiente proceso de licitación pública hasta rebasar todos los límites”.
“El hecho cierto es que en la actualidad el servicio se presta sin que existe un título concesional ni un pliego de condiciones que regule su funcionamiento”, concluye el sindicato.
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