CCOO reclama a la Fiscalía que la Ciudad no prive a varios centenares de menores extranjeros del acceso a la educación

CCOO ha elevado un escrito a la Fiscalía de Menores en Ceuta para que inste a la Ciudad Autónoma a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso a la educación de varios centenares de menores extranjeros no acompañados (MENA).

A pesar de la obligación legal, el secretario general del sindicato, Juan Luis Aróstegui, dice que es “público y notorio” que existen varios centenares de miembros de este colectivo acogidos en diversos centros de Ceuta a los que, “de manera inexplicable, se les está privando de su derecho de acceso a la educación”.

Para CCOO, “basta con hacer una breve visita a cualquier de estos centros para comprobar cómo, en horario escolar, deambulan decenas y decenas de menores ociosos sin más actividad que ‘dejar pasar el tiempo’. Asimismo, añade la central, parece “evidente” que esta “lamentable” situación supone una “vulneración” de la legalidad vigente en esta materia “inadmisible” en un Estado de Derecho.

Más allá de la opinión que cada cual tenga sobre el fenómeno MENA, el sindicato insiste en que existe un colectivo de menores residente en Ceuta que son sujetos de un derecho (a la educación) del que no se les puede “privar” alegando razones de “oportunidad”. Para sostener su argumentación, Aróstegui desgrana la normativa vigente en esta materia: Convenio de los Derechos del Niño, Constitución, leyes orgánicas de Protección de Menores, Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor…

Aróstegui considera que, en virtud del artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (cualquier persona o autoridad deberá poner en conocimiento la falta de escolarización) y tomando como consideración que el Gobierno de la Ciudad es “perfectamente conocedor” de esa situación “sin que haya adoptado medida alguna para garantizar ese derecho a los menores que residen en sus instalaciones”, ha remitido un escrito por los cauces oficiales a la Fiscalía en Ceuta.

“Le instamos a que, por su parte, se proceda a la intervención que en derecho sea procedente para restablecer el cumplimiento de la ley, haciendo prevalecer el principio de ‘interés superior del menor’ como inspirador de nuestro ordenamiento jurídico en esta materia”, concluye CCOO.