Reivindica servicios como la sanidad, la educación o la justicia, además de las pensiones
Comisiones Obreras (CCOO) pondrá en marcha, desde la propia Confederación y con el apoyo del área pública de cada autonomía, la campaña que se apoya en la etiqueta de Twitter #espúblicoSálvalo, dirigida a la ciudadanía con el objetivo de que quienes la componen “sepan qué perjuicios están teniendo actualmente con los recortes que el Gobierno realizó desde que empezó la crisis, no sólo con el actual sino con el anterior, y también qué perjuicios van a tener de aquí al futuro en todas las ramas: educación, sanidad y servicios a la ciudadanía”, explicó el secretario general de la FSC-CCOO, Emilio Postigo. También señaló como parte afectadas las pensiones y la justicia. La voz del sindicato llegará a la ciudadanía a través de dípticos, campañas audiovisuales y de WhatsApp.
En lo que a los trabajadores se refiere, Postigo criticó los recortes de plantilla, las congelaciones salariales, las privatizaciones y la posibilidad de hacer expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas. Además, mostró su rechazo a los recortes en los recursos de los sindicatos. Así, dijo que en noviembre se iniciará “una gran movilización” en todo el país, “sobre todo para ir en contra de los Presupuestos Generales y también contra la reforma de las pensiones”. Tendrá una duración de seis a ocho meses y ademas de lo anunciado “no se descartan nuevas movilizaciones desde el inicio de la campaña hasta dentro de seis meses o un año”.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, Ángel Lara, recordó que las medidas “duras” de recorte en sanidad comenzaron en julio de 2012, cuando “empezaron a pagar por servicios que antes no pagaban; hemos pasado de una sanidad universal y gratuita a otra en la que poco a poco vamos pagando cada día más”. En esta línea, concretó que los pensionistas “que no pagaban en sus recetas médicas, ahora empiezan a hacerlo”, los trabajadores en activo “pagan un porcentaje más, entre el 40 y el 60 más, dependiendo de la renta”, y que hay colectivos que “quedan en exclusión”, como inmigrantes, que se les retira la tarjeta sanitaria y solo tienen derecho a la asistencia de urgencia, añadió.
En esta línea, instó a la ciudadanía a luchar “porque la sanidad siga siendo gratuita y por conservarla”, ya que “tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios que hay en la Unión Europea y el mundo, con un gasto no relativamente alto”. A modo de ejemplo dijo que en el Reino Unido el gasto medio por habitante y año ronda los 3.000 euros y en España los 1.500, con unos resultados “excepcionales”.
El secretario general de la Federación de Enseñanza, Antonio Palomo, manifestó que el Gobierno está aplicando una ideología “neoliberal y ultraconservadora”, con la que se quiere cambiar el modelo de sociedad, y hacer “una de ricos y otra de pobres”. Añadió que la mayor concreción de la aplicación de esta ideología es la LOMCE “porque privatiza la enseñanza pública y se la carga (...) en beneficio de la privada”, lo que convertirá esta sociedad en una “de patricios y plebeyos, en donde los que no tengan dinero no podrán continuar sus estudios a no ser que sean unos auténticos lumbreras”.
En esta línea, Palomo hizo un llamamiento a la participación a la huelga y la movilización de mañana en defensa de la educación.
Piden un trasporte aéreo con garantías
Lara señaló que el Ingesa debería “hacer un pliego de condiciones asequible a las empresas y, por otro lado, mantener el servicio y la asistencia como se estaba dando hasta ahora” y añadió que no contar con base en Ceuta “empeora” el servicio, ya que puede originar “contratiempos”, ya que si el helicóptero tiene base en Marbella se podrían producir retrasos porque al atender a otras poblaciones cercanas y el temporal puede dificultar los traslados. Por otra parte, Postigo criticó que los teleoperadores “sólo han cobrado 18 días de los cinco meses que les deben”. Añadió que hay que esperar a diciembre para ver qué empresa realiza el servicio y propone que en los pliegos de condiciones se incorporen cláusulas que garanticen que la Administración pueda retener a la empresa la parte de los trabajadores para que puedan cobrar.
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