CCOO lamenta que el Ministerio opte por esta solución en vez de reforzar los Registros Civiles principales con más personal “hasta que se regularice su anormal funcionamiento como consecuencia de querer obligarnos a hacer en dos meses lo que no nos han dejado hacer en un año entero al paralizar durante el año 2012 las resoluciones de los expedientes de nacionalidad”, indica.
En el anuncio del Ministerio no se aclara cómo se va a notificar a los solicitantes la concesión de dicha nacionalidad, “ni menciona los numerosos problemas que estamos teniendo los Registros Civiles para poder llevar a cabo nuestro trabajo de notificación de concesión de nacionalidades, recepción de juras, práctica de inscripción de nacionalidad y trámites posteriores (expedientes resueltos pero remitidos a otros Registros, documentos erróneamente escaneados, grandes dificultades para recuperar la documentación aportada y que es necesaria para las opciones de nacionalidad de los hijos, etcétera). La encomienda de gestión realizada es contraria a la legalidad. El hecho de que los notarios sean funcionarios públicos no les autoriza para recoger los juramentos o promesas de nacionalidad española, tal y como estableció ya en su día la propia Dirección General de los Registros y del Notariado en resolución de 21 de noviembre de 1992. Lo que subyace realmente bajo esta encomienda es dar un paso más en la privatización de los Registros Civiles, más que solucionar los problemas que tenemos los registros para realizar dicho trabajo ante la acumulación de resoluciones de nacionalidad que nos llegan. Este Ministerio creó el problema, al paralizar durante el año 2012 la resolución de los expedientes, y ahora ofrece soluciones de cuestionable legalidad”, denuncia el sindicato.
CCOO recuerda que la Dirección General de Registros y del Notariado concluyó que el notario carece de competencia para autorizar las actas de declaración de nacionalidad o la vecindad civil. “La consecuencia”, indica, “es que las juras de nacionalidad podrían ser estimadas nulas por los jueces encargados de los Registros Civiles competentes para la práctica de la inscripción de nacimiento y nacionalidad de los promotores, al amparo de la Ley de Registro Civil, y tener que repetirse de nuevo”. El sindicato advierte que con las medidas propuestas por el Ministerio no se va a resolver un problema ocasionado por su gestión y acelerado por el elevado aumento de la población extranjera en España que se ha ido produciendo en los últimos 10 años y la reclamación de nacionalidades por un amplio colectivo.
Un colapso debido a la gestión del Ministerio
El sindicato quiere dejar claro que los colapsos ahora registrados en los juzgados con la dispensa de la nacionalidad tiene un único culpable: la administración. “Posiblemente esta encomienda de gestión sea bien vista por los solicitantes de la nacionalidad española que tramitaron sus expedientes a través de los registros civiles de las ciudades con más población, ya que dichos Registros se han visto desbordados con las concesiones de nacionalidad de forma que están dando citas para dentro de muchos meses, lo que realmente les imposibilita para el ejercicio de la nacionalidad concedida, pero ello no justifica que se haga un trámite contra lo dispuesto en la normativa vigente”, recuerda.
